ANÁLISIS DE COYUNTURA

10 abril, 2012 at 22:13

Debido a la cantidad de información y la intensidad con que ésta se renueva, como así también a la confusión que muchas veces intentan instalar los medios de comunicación en general, que en ningún caso ya sean oficialistas u opositores reflejan lo que expresamos, hemos decidido realizar un Análisis de Coyuntura para esclarecer nuestra posición sobre cada uno de los grandes temas nacionales y darla a conocer.

Esta es una herramienta de militancia para la reflexión y el debate, donde a partir de la información objetiva interpretamos la realidad desde nuestra mirada para de esta forma contribuir en la formación de cada uno de los compañeros.

Análisis de Coyuntura saldrá cada 15 días vía correo electrónico con la intención de que lo leas, los analices, lo discutas, hagas tus aportes y lo difundas.

En esta oportunidad los temas que elegimos tratar para profundizar el debate son los siguientes:

– La apuesta por el desarrollismo industrial

– Un paso hacia la recuperación del sistema financiero

– ¿Redefinición de la política energética?

– Elecciones en la CGT y tensiones con el gobierno

– Golpe Militar para instalar la Dictadura Neoliberal

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1º Análisis de coyuntura
04 de abril de 2012

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La apuesta por el desarrollismo industrial

El proteccionismo del gobierno se profundizó fuertemente a partir de los últimos meses, aunque es creciente desde que estalló la crisis internacional en septiembre de 2008. Su objetivo es el desarrollo de los sectores industriales locales mediante la sustitución de importaciones (fabricar en el país lo que antes se traía de afuera). Estas crecieron a una tasa anual del 30% en 2011, pasando de 56.502 a 73.922 millones de dólares, achicando fuertemente el superávit comercial (la diferencia entre lo que Argentina compra y vende) a lo cual se debe agregar que la balanza comercial industrial dio 30.000 millones de déficit el año pasado. Nuestra economía sigue estando fuertemente primarizada y que debemos seguir comprando afuera bienes industriales, especialmente intermedios y de capital (maquinaria).

Gran parte de nuestras manufacturas de origen industrial que exportamos están controladas por empresas multinacionales, como la automotriz. Por lo cual, si bien se creció mucho en estos últimos años en la exportación de bienes industriales, gran parte de ese crecimiento es dirigido por empresas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, sólo el 23% de las autopartes se produce localmente, en su mayoría por multinacionales.

La estructura económica del país sigue estando fuertemente extranjerizada y concentrada. Según un estudio de CIFRA, en 2009 el 55,4% de las ventas totales de las 200 empresas de mayor tamaño del país, fueron de empresas extranjeras. De las 500 principales empresas del país, 282 son de capital extranjero, 42 son asociaciones en donde el capital extranjero posee entre el 10% y el 50% de las acciones, mientras que 176 son de propiedad nacional en donde el capital extranjero posee menos del 10% de las acciones. El proceso de extranjerización y concentración económica no se revirtió desde la década anterior sino que quedó estancado a partir de 2003.

Este cuadro alarmante refleja a una economía dependiente y semi-colonial. El flujo de ganancias enviadas al exterior pasó de representar US$ 633 millones en 2003 a US$ 7.159 millones en 2010.

De esto se desprende: 1) el desbalance que genera la remisión de ganancias al exterior por parte de las empresas multinacionales y transnacionales, 2) las limitaciones para reinvertir la riqueza generada por los trabajadores argentinos al estar controlada por intereses foráneos, 3) la limitación objetiva para profundizar un proyecto nacional y popular soberano. De no resolverse de fondo esta cuestión, la profundización del proyecto corre el riesgo de quedar en mera retórica.

En este contexto, el gobierno dispuso de un conjunto de medidas a través de trabas arancelarias a productos importados que se pueden fabricar en el país, obligando a las empresas que importan productos, enviando dólares al exterior, a que exporten cualquier otra cosa, para equilibrar su balanza comercial. Es decir que si una marca extranjera quiere traer motosierras desde Japón por 200 millones de dólares, tiene que, por ejemplo, vender afuera vinos mendocinos por 200 millones de dólares o lo que puedan. A ello se le agrega que a unos cien productos se les va a aumentar el arancel externo común del MERCOSUR, con el objetivo de evitar la avalancha de mercancías del exterior a precios de remate por la crisis y la acumulación de stock. Con este conjunto de medidas el Estado pasó a administrar y regular el comercio exterior.

El dólar más “barato” hizo menos competitiva la producción local con respecto a la del exterior. Sumado a un fuerte crecimiento económico y cierta recuperación del poder adquisitivo del salario, se disparó la entrada de productos importados, mermando el superávit comercial. Además, con la estructura económica concentrada y extranjerizada, la remisión de utilidades al exterior se aceleró, en un contexto de crisis internacional en el que las casas matrices demandan dinero a sus filiales. Los Bancos que en el 2001 no respondieron por los ahorros de los argentinos, hoy le exigen a sus filiales en nuestro país, que le envíen dólares. Este fue uno de los factores que aumentó la fuga de capitales, mermando las divisas (dólares) disponibles.

De Mendiguren, que representa a un sector de los industriales que dependen de un mercado interno fuerte que necesita trabajadores con poder adquisitivo, defendió la política proteccionista: “Las industrias de bienes de capital alemana o japonesa, por ejemplo, importan un gran caudal de partes y piezas desde Asia o Europa Oriental. Pero reservan para sí la producción de motores, tecnología digital y el diseño del producto. Todas ellas cuestiones emparentadas con el conocimiento e ingeniería de proceso: investigación y desarrollo más empleo calificado. Esto es resultado de una clara definición estratégica para delinear el proceso de agregación de valor.”

Para los trabajadores esta política es un avance con respecto a la que se encuentra en la vereda de enfrente, el proyecto agroexportador que generaliza la pobreza, el desempleo y la exclusión y no genera valor agregado. Sin embargo, presenta algunos problemas. Un país que produce bienes con mayor valor agregado, genera riqueza; pero esta tiene que ser en función de la dignidad de los trabajadores y no de de la mayor rentabilidad empresaria. ¿Acaso es factible que el proyecto nacional descanse sobre este empresariado local que no constituye una burguesía nacional y que depende de los subsidios del Estado? Es importante destacar que si no recuperamos y desarrollamos plenamente las industrias estratégicas es imposible sortear el cuello de botella de la dependencia. Mientras las multinacionales y transnacionales controlen la producción (como en la industria automotriz o la exploración y destilación en el petróleo) el Estado no podrá subordinarlas a un modelo de país en función de los intereses de los argentinos.

Resulta imposible hacer todo esto sin sentar a la mesa al Movimiento Obrero Organizado. En principio, porque la política proteccionista trae un conjunto de costos para los bolsillos de los trabajadores como el aumento de precios. Si no se tienen en cuenta a los trabajadores organizados a la hora de definir las políticas económicas es imposible que las contradicciones al interior del movimiento nacional no se expresen en antagonismo. No se puede imponerles a los trabajadores un plan por la fuerza, porque son la única fuerza para llevar adelante un proyecto de transformación social, industrializador, con plena justicia social.

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Un paso hacia la recuperación del sistema financiero

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es otro de los hechos centrales a analizar como parte de la profundización del modelo. Se rompe con uno de los principales diseños financieros de los ’90, ideado por Domingo Cavallo. La nueva Carta Orgánica del BCRA elaborada por Mercedes Marcó del Pont, define que dicha institución “Tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.” Antes, su tarea quedaba restringida solamente al sostenimiento del valor de la moneda y el control de la inflación.

La creación de un Banco Central independiente y autónomo de las políticas de gobierno, controlado por los pulpos financieros internacionales a través de sus cuadros (Martín Redrado, Prat Gay) y formados en sus universidades (Harvard), es una de las formas institucionales claves que adquiere el imperialismo para apropiarse de la riqueza producida por los pueblos. El neoliberalismo se sostuvo en gran medida sobre dos instrumentos jurídicos: la Ley de Entidades Financieras sancionada en la dictadura neoliberal del ’76 y la Carta Orgánica del Banco Central creada en los ’90 bajo el menemismo, mediante la cual se planteó como objetivo del Banco Central solamente el sostenimiento del valor de la moneda quitando a la entidad el compromiso con el empleo, el desarrollo nacional y el crecimiento económico.

Cuáles son los cambios centrales para cumplir con los nuevos objetivos del BCRA:

1- Regular el sistema financiero y no sólo “vigilarlo” como sucedía hasta ahora. No por casualidad desde 1976 desaparecieron los créditos hipotecarios masivos, los créditos para la producción, se dispararon las tasas de interés, se focalizó el crédito al consumo, de corto plazo y a tasas de interés muy caras. Las tasas que se cobran con las tarjetas de crédito por ser muy rentables, hacen que los bancos no estén dispuestos a financiar créditos hipotecarios.

2- Regular la tasa de interés, regular y orientar el crédito.

3- Se amplía en 10 puntos porcentuales el límite de préstamos del BCRA al Tesoro (Estado Nacional) de forma excepcional y a ser devueltos en 18 meses. Esto permite financiar coyunturalmente el déficit del Estado sin tener que tomar deuda.

4- Se rompe con el esquema de la convertibilidad que definía que por cada peso circulando debía haber la misma cantidad de reservas. Ahora la cantidad de reservas necesarias para respaldar el circulante está determinada por el directorio del BCRA, con lo cual las reservas “sobrantes” pueden ser utilizadas en función de objetivos y políticas nacionales. Resulta interesante señalar que mientras por nuestras reservas depositadas en el exterior nos pagan un monto mínimo de interés del 1% ó 2%, ayudando a financiar a los países centrales, si nosotros como país queremos endeudarnos con el exterior (por ejemplo para pagar los vencimientos de nuestra deuda) nos cobran más del 10%. Ello explica en buena medida la resistencia a las modificaciones que permiten hacer uso de las reservas en función de las necesidades del país y no en función de los grandes intereses financieros.

Es importante destacar, desde el punto de vista de los trabajadores, que estas medidas son muy positivas pero que es necesario profundizar mucho más en las políticas que permitan que el ahorro de los argentinos beneficie a las mayorías populares. En este sentido, es necesario avanzar en una nueva Ley de Entidades Financieras, a la cual se oponen los bancos aliados al gobierno (Jorge Brito del Banco Macro y presidente de ADEBA). La sanción de la nueva Carta Orgánica y el aplazamiento de la discusión sobre la Ley de Entidades Financieras es una salida negociada con estos sectores. La Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores bancarios, viene advirtiendo hace rato la necesidad de reformar la Ley de Entidades Financieras. Ese sector que tiene mayores ganancias que las que tenía en los 90, sigue sin tributar en muchas de sus operaciones, mientras que muchos trabajadores no reciben asignaciones familiares, y los aportes patronales empresarios conservan las ventajas que les fueron otorgadas por la dictadura, Menem y De la Rúa.

Para decirlo de forma sencilla, una cosa es regular la tasa de interés y orientar el crédito como se sanciona en la nueva Carta Orgánica y otra es definir que un determinado porcentaje del ahorro de los argentinos vaya a créditos para la vivienda a una tasa de interés x establecida por el Estado, en función de solucionar el déficit habitacional. Es decir, reconstruir el sistema financiero destruido con el golpe neoliberal de 1976 y que ponía a este en función de los intereses de los argentinos.

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¿Redefinición de la política energética?

El quite de las concesiones de pozos petroleros en Chubut, Santa Cruz, Salta, Mendoza y Neuquén forman parte de la negociación con Repsol-YPF, enmarcada en una deliberada presión del Gobierno sobre las empresas. El lunes 26 salía en los diarios: “Las nueve concesiones que perdió YPF hasta ahora representan apenas el 3,93 por ciento de su producción nacional de crudo y gas, y llega al 7 por ciento si se contabiliza sólo el crudo. Al analizar las quitas por provincia, se observa que los únicos contratos relevantes son los que anuló Chubut. Los yacimientos El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido representan el 3,8 por ciento de la producción de YPF. Mientras que las quitas de Mendoza son del 0,06 y las de Santa Cruz, del 0,07 por ciento”.

A su vez, dicho enfrentamiento pone de manifiesto el fracaso de la política energética llevada adelante hasta ahora y la necesidad de profundizar una política nacional de control de los recursos nacionales en dicha materia. Los beneficios obtenidos por Repsol de YPF Argentina son utilizados para expandirse en otros lugares del mundo, como en el norte de África, mientras aquí el proceso de desinversión es evidente. Dos datos centrales evidencian esto: la caída de las reservas y la caída en la producción. En diez años de fuerte crecimiento económico Repsol-YPF redujo entre un 30% y 35% su producción de crudo y más del 40% la producción de gas.

Repsol compró YPF en 1999 con la estructura industrial del país en decadencia, con lo cual la demanda energética era débil y sin perspectiva de crecimiento. El combustible que se sacaba de nuestro suelo no era visto como una herramienta para desarrollar nuestra riqueza, sino como un producto más de exportación que se vendía sin sumarle ningún tipo de valor agregado. Uno de los pilares del proyecto neoliberal era la exportación de energía, que en el caso de YPF representaba un negocio inmejorable ya que las grandes inversiones en exploración, reservas y desarrollo las había hecho el Estado. No importa producir petróleo sino obtener ganancias, así sea exprimiendo y destruyendo una empresa estratégica para el desarrollo de un país.

Repsol-YPF no cambió de política en estos últimos años aunque nuestro país sí. Mientras la economía argentina creció un 96% (PBI) entre 2002 y 2011, Repsol pasó a producir un tercio menos. Durante 2011 se tuvo que comprar energía al exterior por 9000 millones de dólares, mermando fuertemente el superávit comercial. Con las ganancias obtenidas en Argentina, Repsol se expandió en otros lugares no “regulados” y sin control de precios, o directamente las absorbió como ganancias. El control de precios, las presiones del Estado y las importantes retenciones que se le cobran a la exportación de petróleo crudo sirvieron en su momento para regular la actividad, mantener bajo el precio de la energía y redistribuir socialmente la renta extraordinaria del petróleo. Pero hoy se sienten los límites de no poseer una política energética propia.

La política del gobierno de introducir grupos empresarios nacionales (Eskenazi) al control de una parte accionaria de YPF (25,46%) y a su gerenciamiento local tampoco generó los resultados esperados. Los Eskenazi entraron a la compañía sin poner un peso; acordaron pagar el paquete accionario del 25,46% a Repsol mediante las futuras ganancias obtenidas, con la consecuencia lógica que los beneficios no serán reinvertidos para mejorar la producción (o aunque sea mantenerla). La “argentinización” en áreas estratégicas de la economía no provee una solución de fondo. Esto demuestra que en un país dependiente, el único actor que puede actuar como “burguesía” estratégica nacional es el propio Estado.

Desde la perspectiva del proyecto nacional y en la situación energética actual se observa la necesidad de que el Estado profundice su política de seguridad energética, ya que sin soberanía energética no existe posibilidad de desarrollo autónomo con justicia social. Es una necesidad que el Estado nacional y los estados provinciales accedan a un efectivo control de nuestros recursos naturales y de las empresas que los explotan, en función del interés nacional. De la misma forma que con los reclamos que surgen respecto de la actividad minera, se trata de que el Estado genere una política para y por los argentinos de crecimiento, desarrollo y justicia social. Por eso es necesario poner ciertos reparos: se deben mantener las condiciones de trabajo para que los trabajadores petroleros no paguen los costos o se vean perjudicados. Hace un tiempo en el conflicto protagonizado por el Sindicato de Camioneros en la provincia de Chubut, el Estado intentó a través del Correo Argentino precarizar las condiciones de trabajo del servicio de correo que se le tercerizaba a una empresa multinacional. En segundo lugar, debemos plantear la necesidad de la participación de los trabajadores en el control y en las decisiones de la compañía, que por su historia e involucramiento con los destinos del país pueden cumplir un rol esencial para evitar desmanejos y “zafarranchos”, así como también para trazar los objetivos estratégicos de la política energética para la realización nacional. Es en ese sentido que el Sindicato de Petroleros que dirige Guillermo Pereyra debe ser una voz para tener en cuenta en este debate. No podemos olvidar que en Neuquén se ha logrado incluso que empresas privadas (Fox Petrol) den participación en las ganancias a los trabajadores petroleros.

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Elecciones en la CGT y tensiones con el gobierno

Ricardo Pignanelli asumió al frente del gremio SMATA (mecánicos), en un acto que contó con el fuerte apoyo del gobierno. Estuvieron presentes el vicepresidente Amado Boudou (en ejercicio de la presidencia porque Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en Chile), el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el diputado Carlos Kunkel y los dirigentes de “La Cámpora” Mariano Recalde, Juan Cabandié y Eduardo De Pedro. También participó del acto Antonio Caló, a quien la mayor parte del gobierno y los llamados “gordos” de la CGT (Cavallieri de Comercio, West Ocampo de Sanidad y Lescano de Luz y Fuerza) quisieran ver al frente de la entidad gremial. Tanto Caló como Pignanelli tratan de hacer equilibrio aceptando la estrategia del gobierno pero sin golpear sobre el actual secretario de la CGT Hugo Moyano, lo cual nos obliga a reflexionar sobre el trasfondo de la “interna” de la CGT.

Vale hacer un poco de historia. Durante la crisis de 2001-2002 SMATA y la UOM jugaban dentro de la CGT disidente construida desde el MTA con la conducción de Hugo Moyano. Dicha alianza se rompió cuando se convocó al primer paro general con movilización en mayo de 2002 contra la política del gobierno de Duhalde, cuyo gobierno expresaba los intereses de los grupos económicos locales y europeos. Estos grupos impulsaron la pesificación, licuando los salarios de los trabajadores y pesificando las deudas de las grandes empresas. El ejemplo más claro de esto, se vio en la estafa que se les hizo a todos los jubilados que se encontraban dentro del sistema privado de reparto. Mientras que sus activos fueron pesificados, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo, las deudas de las empresas en dólares fueron absorbidas por el Estado, pesificándolas.

En la situación actual, se agudizan las contradicciones secundarias en el movimiento nacional, al pretender sectores de la UIA junto al gobierno proponer una conducción gremial más afín, subordinada y sin participación alguna en instancias de diálogo y de decisión en tanto se tengan posiciones propias como movimiento obrero. Y este enfrentamiento se agudizó en la medida en que la CGT-Moyano aceleró su salto a la política y en pujar por la profundización del proyecto nacional desde los intereses del Trabajo.

En este sentido y bajo esta política se hace cada vez más notorio el rechazo de las demandas de los trabajadores por la participación de los trabajadores en las ganancias (que está en la Constitución y ayudaría como pensaba Néstor Kirchner en la regulación de los precios por el acceso a la información que tendrían los trabajadores), por el aumento del mínimo no imponible del impuesto que afecta cada vez más a los trabajadores, por elevar el tope a las asignaciones familiares, por la plata que el Estado le retiene a las Obras Sociales y por las construcción de viviendas que después de 8 años de crecimiento y acumulación se hace cada vez más importante.

Frente a esto, la intención del gobierno de intervenir en la discusión por la sucesión de Moyano se agudiza a partir del análisis de su discurso. El oficialismo pretende una conducción de la CGT obsecuente sin agenda propia, que funcione como un Ministerio más: a fines del año pasado el gobierno modificó en forma unilateral el convenio de trabajo de los trabajadores de AFIP y de aeronáuticos; la demonización de la protesta gremial llamándola extorsiva; el discurso de asunción de Cristina en donde se refirió en forma maliciosa a la falta del derecho a Huelga en el gobierno de Perón; la demonización del conflicto docente para condicionar la paritaria; la insistencia en que las paritarias sean de menos del 20%; la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo frente a los conflictos por despidos, etc.

La resolución de la paritaria docente es un símbolo de cómo se plantará el gobierno frente a un año particularmente conflictivo. La finalización de la paritaria nacional docente en forma unilateral por decreto del Ejecutivo, envía una fuerte señal no sólo hacia los sindicatos, sino también a los empresarios. Se carga, de cara a la sociedad, fuertemente contra los trabajadores para dividir la fuerza y restarle legitimidad, lo cual genera heridas difíciles de reparar en los actores más comprometidos con el proyecto nacional. Estos ejes se reproducen cuando se habla de “aristocracia obrera” promoviendo el enfrentamiento entre trabajadores o se deslegitima al conjunto de los dirigentes sindicales y sociales que fueron protagonistas centrales en la construcción de este proyecto. Eso es lo que obliga a una respuesta del Movimiento Obrero.

Plan Argentina Trabaja

También es necesario analizar una medida que impacta sobre los sectores más rezagados de la clase trabajadora. Desde la defensa del Plan Argentina Trabaja, ya que sirvió para incluir y dignificar a muchos argentinos, debemos señalar que no es acertada la medida de aumentar por “productividad y presentismo” los “salarios” de los cooperativistas, por varios motivos: son compañeros cuyos ingresos están fuertemente devaluados a causa del aumento de precios y no fueron actualizados; no se puede pedir “productividad” a quien cobra por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil; en muchos casos hay problemas con las obras por falencias de la administración estatal, así como también en la capacitación en oficios.

Por otro lado estos premios irán solamente a un 20% de la población que recibe el beneficio. Esto implica que sólo 2 de cada 10 cooperativistas podrán recibir este beneficio, con el consiguiente crecimiento del clientelismo.

Tercerizadas

Con respecto a la tercerización y el trabajo en negro, nos encontramos ante una contradicción que produce una tensión entre los trabajadores y el gobierno nacional. Medidas concretas que se reclaman desde el movimiento obrero para avanzar en soluciones reales duermen el sueño de los justos. Esto fue lo que sucedió cuando desde la CGT se presentó el proyecto de ley de Responsabilidad Solidaria de la empresa matriz para con las tercerizadas, al cual se opuso fuertemente el presidente de la UIA, y que ahora vuelve a presentar el diputado Facundo Moyano. Dicha ley constituye una herramienta central para impedir el avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores tercerizados, así como para profundizar un camino de lucha contra el trabajo en negro, que afecta al 34% de los trabajadores. Las grandes empresas tercerizan para reducir costos y negrean de forma indirecta a través de las tercerizadas. No son coherentes con un proyecto nacional de justicia social las palabras de De Mendiguren cuando afirmó que revisar la tercerización implica afectar la competitividad. No es posible mejorar la competitividad a costa de los derechos de los trabajadores y pretender, además, que los referentes que apoyan y construyeron el actual proyecto nacional y popular, se queden de brazos cruzados. Como tampoco es posible que avance el desarrollismo industrial como protagonista del proyecto nacional, subordinando a quienes pueden garantizar con su lucha el sostenimiento del mismo como se vio en la lucha que devino por atrás del conflicto del Paro Agrario, sobre el cual se montaron las fuerzas de la reacción para intentar retrotraernos a los ’90.

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Golpe Militar para instalar la Dictadura Neoliberal

Una nueva y profunda consigna marcó la movilización por el 24 de marzo, al cumplirse 36 años del golpe genocida neoliberal. “Los grupos económicos también fueron la dictadura” pone de manifiesto un avance en la conciencia política popular, yendo más allá de la antinomia democracia-dictadura y de la discusión sobre la barbarie dictatorial y el cercenamiento de los derechos civiles y políticos. Es decir, significa identificar el por qué de las atrocidades, los verdaderos responsables con nombres y apellidos, ya que se trató de un golpe dado por el gran capital financiero multinacional y algunos grupos concentrados locales contra el conjunto del pueblo. Fue un golpe contra la alianza social Estado-Producción-Trabajo sobre la cual se sostenía el proyecto nacional popular y latinoamericano.

No resulta extraño, entonces, que los desaparecidos hayan sido dirigentes trabajadores (63%), estudiantiles y profesionales, políticos representativos, pequeños productores y de las ligas agrarias, religiosos populares y pequeños y medianos empresarios nacionales. El objetivo de la alianza del golpe, sintetizado en el ministro de Martínez de Hoz (miembro de la Sociedad Rural Argentina, presidente de Acindar, asesor del Chase Manhattan Bank de Rockefeller), era eliminar la fuerza y la estructura de cuadros del proyecto nacional. Pero antes, para poder hacerlo, jugaron a su división, instalando ejes antinómicos al interior del campo popular, haciendo enfrentar a las distintas fracciones entre sí.

De la misma forma y en el sentido de entender al Terrorismo de Estado como una herramienta y no como un fin en sí mismo, es que creemos necesario destacar el 30º aniversario de la movilización del 30 de marzo de 1982 encabezada por la CGT de Ubaldini y enmarcada en un contexto de despidos. La resistencia política a la dictadura se hizo sobre la base de las organizaciones gremiales, porque es a estos a los que atacaba. Por eso decimos que los intereses de los trabajadores llevan implícitos los intereses de nuestra patria.

El impresionante nivel de movilización, su heterogeneidad y el avance de las consignas son indicadores del nuevo momento histórico que se vive en Argentina y Latinoamérica. Pero también expresan un desafío: la enorme demanda y expectativa popular por profundizar el proyecto nacional que se respira en las calles.