6º Análisis de Coyuntura

11 junio, 2013 at 19:14

Esta es una herramienta de militancia para la reflexión y el debate, donde a partir de la información objetiva interpretamos la realidad desde nuestra mirada para de esta forma contribuir en la formación de cada uno de los compañeros. ¡Difundilo!

En esta sexta edición los temas que elegimos a tratar son:

– ¿Década Ganada?

– Mundo Gremial

– Democratizar la Justicia: mucho ruido, pocas nueces

– Blanqueando injusticias

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6º Análisis de Coyuntura
11 de junio de 2013

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“El peronismo es el estado de conciencia de los argentinos que siempre los lleva a querer vivir mejor”

¿La Década Ganada?

El 25 de mayo de 2003 asumía Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación. La gran movilización realizada con motivo del décimo aniversario, ha puesto en la agenda pública el análisis de ese período, que suele reducirse bajo el slogan “La Década Ganada”.

Puede suponerse que esto tiene un legítimo fin electoral y que incluso podríamos considerar un acierto en términos de marketing. También este año se cumplen 30 años de la reapertura democrática y esto no ha generado ningún intento de balance en particular respecto del período democrático más largo en la historia de nuestro país desde la sanción del voto secreto, universal y obligatorio, lo que reafirma el fin electoral de la consigna.

Hay que agregar que la cercanía de la elección pone muchas preguntas sobre la mesa. La falta de definiciones tanto en el oficialismo como en la oposición, muestran la dificultad de articular un proyecto que ofrezca perspectivas al electorado. A pesar de los 10 años en la administración pública, el oficialismo no se encuentra exento de esto, como se observa en la falta de certezas en los candidatos no sólo para el 2013 sino también para el 2015. Esto se evidencia en los cortocircuitos que se producen con quien después de Cristina Fernández de Kirchner ha obtenido más votos en el oficialismo, el gobernador Daniel Scioli. El tipo de conducción política debilita la estructura de dirigentes intermedios del gobierno donde parece ser un pecado tener un perfil propio, pero es aún más efectiva respecto de la oposición.

Si el Gobierno no es capaz de ofrecer nombres claros en las legislativas, la oposición siquiera se permite bosquejar en proyectos uniformes que brinden credibilidad. Parece atrapada en el laberinto dicotómico que le propone el discurso oficial y al que contesta siempre con el mismo énfasis, sin entenderse demasiado su respuesta. En una entrevista publicada recientemente en la revista Debate Beatriz Sarlo decía: “en política, para construir seriamente, se necesitan aparatos políticos, institucionales y territoriales; si no, miremos en qué país del mundo gobiernan los indignados” y a continuación se refería a la necesidad de que la oposición no se consolide a partir de amontonamientos, sino que sus propuestas se unifiquen en líneas programáticas que puedan brindar opciones sólidas.

Pero volviendo a la discusión acerca de la Década Ganada, que podría ser una buena excusa para realizar un balance, la elección de la consigna con fines electorales tiene cierto sentido conservador en la medida de que simplifica todo a un slogan. Quedarse sólo con el título evita la posibilidad de reflexionar acerca de los errores cometidos e incluso de las discontinuidades que se desarrollaron a lo largo del período.

Ganamos, sí: paritarias, AUH, Corte Suprema, jubilación, política regional, cancelación de la deuda, nacionalización de YPF, estatización de la administración de los fondos de pensión, etc. Pero también empatamos y perdimos. No podemos olvidar que es en esta década que sucedieron Cromagnon y la tragedia del Sarmiento, que pusieron en evidencia la ausencia del Estado incluso allí donde éste es el responsable directo del control de una concesión. No mencionar que la concentración y extranjerización de nuestra economía ha aumentado en esta última década, es esconder que se ha debilitado a la Política a la hora de regular a las grandes corporaciones. Y por sobre todo es invisibilizar las causas que favorecen la concentración y la violencia simbólica sobre las que el establishment sustenta su poder.

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Si no vemos discontinuidades, no seremos capaces de cuestionar las injusticias con las que convivimos día a día. En un nivel de análisis más puntual podemos decir por ejemplo que la generación de empleo no ha sido una constante estable durante estos diez años, sino que ha crecido entre el 2003 y el 2007 para luego estancarse y tener serios problemas en el último año. Comparar la foto del 2003 con la de hoy, evita buscar las causas de lo sucedido y, por lo tanto, evade abordar esas problemáticas y que los beneficiados del aumento de la productividad y de esa situación se mantengan invisibilizados. Porque la comparación con la década pasada es sobre todo conservadora cuando oculta que a pesar de los 10 años de crecimiento sostenido -record en la historia de nuestro país- no se ha logrado combatir de forma eficiente a la pobreza. Claro que para esto hay que evitar utilizar los números del INDEC, para los que la década se ganó por goleada.

Según las cifras oficiales, en La Rioja apenas el 0,1 por ciento de la población está por debajo del índice de indigencia y el 2,5 por ciento es considerado pobre. Incluso la Presidenta felicitó en cadena nacional al gobernador por eliminar la indigencia en su provincia.

Estos datos chocan de frente con el informe de coyuntura de abril de CIFRA de la CTA Oficialista (aclaramos que tomamos como fuente a esa central porque ya es costumbre negar datos, hechos o ideas a partir de agredir al emisor). Según el informe del Centro de Estudios que responde a la Central -que incluso ha llegado a votar en el Parlamento leyes empresariales y antiobreras como la ley de ART en nombre del verticalismo- sostiene que la pobreza en el segundo trimestre del 2012 alcanzó al 20% de la población y la indigencia un 4,3%. A pesar del crecimiento sostenido a tasas chinas más largo de la historia de nuestro país, 1 de cada 5 argentinos es pobre. Eso es lo que esconde la “Década Ganada”.

La diferencia metodológica que lleva a esta contradicción entre los datos del INDEC y los números de la CTA consiste en la evaluación acerca de la conformación de la Canasta Básica de Alimentos. Los 5,5 millones de pobres y más de 1 millón de indigentes que desaparecen del discurso gubernamental se explican porque mientras que para el INDEC una familia tipo come con 707 pesos por mes, el instituto de la CTA eleva ese monto a 1.381 pesos.

Siempre que tomemos como punto de referencia el 2003, el saldo va a ser positivo porque nos estaremos comparando con el proceso económico y político que comenzó a sangre y fuego el 24 de marzo del 76 y se profundizó hasta descontarles de los haberes el 13% a los jubilados y empleados públicos. Quedarse con eso es ocultar que nuestro país tiene una historia de lucha que nos obliga a ir por más y que fue un ejemplo de equidad en gran parte del Siglo XX.

Empate en la coyuntura económica actual

Algunos indicadores trasmiten inquietud cuando se los suman. Quizás para no preocuparse haya que comenzar a ocuparse de algunos problemas, que si se ignoran solo pueden agravarse. La actividad industrial, el consumo y el empleo andan cerca del empate.

En el primer cuatrimestre la actividad industrial ha arrojado un crecimiento del 0,1%. Esto se debe casi exclusivamente al crecimiento del sector automotor que registró un aumento del 15,8% en lo que va del año. Para comprender este dato es importante destacar que en el primer cuatrimestre del año pasado Brasil había restringido fuertemente sus compras de autos, cosa que se logró revertir en la negociación bilateral. “Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las ventas externas crecieron 34,2 por ciento interanual en abril, ya que se colocaron 40.864 unidades, lo que continúa la tendencia positiva de marzo cuando la suba fue del 43,1 por ciento”. Pero en el mismo artículo aparecido en el matutino Página/12 dice que para el resto de las industrias el Estimador Mensual (del INDEC) fue negativo. Las metálicas básicas cayeron 5,7% y en el cuatrimestre bajaron 10,1%, la industria alimentaria cayó 4,1%, la textil descendió un 3,3% y acumula un retroceso de 5,6% anual.

Por otro lado, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas descendieron unos 7,1% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, en lo que configuró la mayor caída en diez meses.

Un dato que aminora estos efectos es el de la recaudación. Según la AFIP en mayo se alcanzó la cifra récord de 77.754,7 millones de pesos, un 27,4% más que durante igual mes de 2012. Pero la clave de este incremento se encuentra en Ganancias que aumentó 42% en términos interanuales y en el IVA cuya recaudación subió un 28,1%.

Impuesto a las Ganancias

La excelente recaudación de ganancias podría deberse al retraso del MNI (es decir la base sobre la que empiezan a tributar los asalariados) que en los últimos dos años subió alrededor de un 8% anual, incluso por debajo de la inflación estimada por el INDEC. Hasta la CGT Balcarce (la otra Central que en el Congreso apoyó el proyecto de mercantilización de la salud de los trabajadores impulsado por la UIA) presentó un informe en el que detalla que entre el 2003 y el 2012 los salarios del sector privado aumentaron en promedio el 476%, mientras que el MNI para un trabajador casado en ese período se actualizó apenas un 258%, y para un empleado soltero el 215%.

Esto que parece un detalle, pone en evidencia un problema que puede agravarse y que tiene su correlato en los índices de ocupación. El creciente número de trabajadores que ven resignado el poder adquisitivo que logran en cada paritaria, muestra una política fiscal que desde que el crecimiento comenzó a desacelerarse, parece primarizar la economía y desfavorecer al Mercado Interno, a través de las trabas a las importaciones que encarecieron los bienes intermedios que funcionan como insumos en la Industria. En tanto, la rentabilidad de algunos sectores sigue siendo altísima (en el caso del sector financiero superando los 35 puntos).

Y esto se ha comenzado a sentir en la generación de empleo. Si comparamos el primer trimestre del 2012 y el de este año, el INDEC da cuenta de un aumento del índice de desempleo de 7,1 a 7,9%. Si bien desde el gobierno algunos han dicho que “no hay mayor desempleo, sino más gente buscando trabajo”, intentando explicar que esto no se debe a una pérdida de empleos, sino a que la creación de nuevos puestos no pudo compensar el crecimiento de la población económicamente activa. La realidad es que más gente buscando trabajo, significa más desempleo. Lo cual se vuelve más preocupante cuando se analiza que la generación de los mismos ha sido sostenida en el último tiempo por el sector público, en desmedro de la industria.

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A su vez uno de cada dos trabajadores gana menos de $ 3500 por mes, lo que no garantiza que tener empleo alcance para satisfacer las necesidades básicas. El otro dato, y quizás el más grave de todo esto es la informalidad entre los asalariados, que está en el centro de la problemática. Según el dato oficial en 2003 era del 45% y ahora es del 35%. De nuevo la década ganada muestra dos caras que incluso el mismo Ministerio de Trabajo hace evidente. Con una gran caradurez teniendo en cuenta lo elevado del trabajo informal, Carlos Tomada dijo: “la Argentina tiene el mayor trabajo registrado de su historia”. Sin embargo según el informe de su cartera titulado El trabajo no registrado en el largo plazo que armoniza la serie entre 1980 y 2007 para el Gran Buenos Aires manifiesta que la situación empeoró en relación a toda la década del 80 (en 1980 era 22%).

De vuelta compararnos con la peor crisis de nuestra historia nos lleva a ocultar un diagnóstico. Decir que nunca en nuestro país hubo tanto empleo formal esconde que de la misma manera que el desempleo en los 90 funcionaba como factor de disciplinamiento de la clase trabajadora a través del miedo a perder el trabajo, la informalidad hoy disminuye las posibilidades de negociación de los trabajadores y por lo tanto de la redistribución de la riqueza. Quizás porque cree que el 35% de trabajo informal es un logro, es que al ministro Tomada le cuesta tanto detectar a 1 de cada 3 trabajadores que no tiene aportes, ni obra social, ni ninguna cobertura legal después de la década ganada.

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Mundo Gremial

El trabajo informal no es el único problema que aqueja a los trabajadores argentinos. La tercerización sigue sin la correspondiente regulación, que es aprovechada por empresarios para precarizar trabajadores. En ese sentido debemos subrayar la condena a José Pedraza en el marco de la causa por el asesinato del militante Mariano Ferrerya. Sin entrar en detalles jurídicos acerca de la condena, es destacable que un hombre tan poderoso como Pedraza, amigo y empleador durante muchos años del mismísimo ministro Tomada, haya sido condenado. La sentencia es un ejemplo que tiene que ser reivindicado por todo el Movimiento Obrero. Al poco tiempo de esa sentencia Rubén “el Pollo” Sobrero ganaba la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, demostrando las posibilidades de renovación y resaltando el carácter democrático cuando los dirigentes están a la altura del Modelo Sindical Argentino.

De la misma manera los compañeros de Aeronavegantes están dando una fuerte pelea en su sindicato para ganar la conducción en las próximas elecciones. Después de que los trabajadores lograron a través de asambleas frenar dos reformas que promovía la actual conducción de Ricardo Fresia (la primera para perpetuarse en el cargo, la segunda para ceder beneficios de su convenio), ahora se encuentran cerca de demostrar que dentro del modelo sindical hay lugar para hacer mejor las cosas y desplazar a conducciones burocráticas que dejaron hace rato de defender los intereses profesionales de los trabajadores.

Pero no en todos lados esto puede llevarse adelante de la misma manera. En el Sindicato de Trabajadores Lecheros (ATILRA) la elección de la federación está entrando en un ámbito complicado, debido a que el Estatuto de la organización está ideado para que sólo pueda presentarse la lista oficial.

No en todos lados se puede gozar de libertad sindical y no es precisamente -como le gusta decir a muchos para engañar a los trabajadores- debido a nuestro modelo sindical. Sino que en todos estos conflictos juega un rol preponderante la autoridad del Ministerio de Trabajo. La amistad del ministro Tomada con los sectores más entregadores del Movimiento Obrero (en los años 90 era asesor de la CGT menemista) hace que éste juegue un papel fundamental para mantener en sus cargos a conducciones burocráticas.

Un claro ejemplo se da con las inscripciones gremiales que según la Ley deberían tardar unos 90 días. Tomada se las niega de forma sistemática a quienes les sugieren sus amigos. El Sindicato de Jerárquicos de Comercio estuvo seis años peleando por una Simple Inscripción, que recién en los primeros días de junio se la otorgaron. La titular del Juzgado del Trabajo N° 73, Silvia Barrionuevo, había advertido sobre “una dilación innecesaria del procedimiento” y finalmente intimó “por última vez” al Ministerio de Trabajo a otorgarla según consta en la causa 15.356/12. Luego de seis años los trabajadores jerárquicos de comercio lograron ese trámite que debería haber tardado tres meses. Pero ellos no son los únicos que se encuentran con ese problema. Los compañeros de la Unión Informática están en la misma situación aunque sin saber a ciencia cierta cuándo el Ministerio de Trabajo irá a trabajar. Mientras tanto la persecución gremial, y cuando no los despidos, no cesan en su actividad e incluso se hace casi imposible negociar mejores condiciones de trabajo, a no ser por el compromiso constante de sus trabajadores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores informáticos intentan organizarse para defender sus derechos frente a empresas multinacionales que obtienen enormes ganancias como IBM, Hewlett Packard, etc.

El Cuarto Estado-de Giuseppe Pelliza da Volpedo 1901

¿A qué se debe este interés del ministro en que no salgan estas simples inscripciones? Ambos gremios disputarían afiliados con el “Gitano” Cavalieri, un hombre que se encuentra al frente de la Federación de Empleados de Comercio y que en los 90 decía sin ponerse colorado que los sindicatos debían colaborar con las empresas mientras éstas despedían gente. Quizás para ser más claros basta con explicar que Cavalieri se mantuvo en la conducción de su gremio con tan solo un 1% de los votos de su padrón nacional y la mitad de los mismos fueron legitimados por una resolución de Carlos Tomada firmada la noche anterior a la elección. La federación tiene 800 mil afiliados que aportan a Cavalieri.

Resulta paradójico que muchos que se dicen compañeros se empecinen en negar el fuerte vínculo que une a Tomada a estos sectores, de los que es su mejor representante. Sobre todo cuando hablan de Libertad Sindical, comparten el 1º de Mayo con él y se cuidan de proteger a este funcionario que ni siquiera puede dar explicaciones y que tampoco se sonroja a la hora de criticar medidas de fuerza y dirigentes gremiales.

Paritarias

Muchas de las paritarias se han cerrado en torno a un 23 y 24%. En principio este número es más o menos la inflación con lo cual se podría hablar de un empate en términos de conservación del poder adquisitivo. Pero en esto queremos hacer tres menciones que casualmente hacen a la agenda común del Movimiento Obrero Argentino y que no suelen ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar:

• Como mencionamos antes, la desactualización del MNI lleva un atraso que corre muy por detrás a la inflación y las paritarias, lo que hace que crezca la presión impositiva sobre los asalariados. Ni siquiera el parlamento trató el proyecto de ley que presentó el diputado Facundo Moyano que solicita la posibilidad de incorporar el pago de alquileres a las deducciones. Mientras tanto un gerente de una empresa puede seguir deduciendo la empleada doméstica, los intereses de un plazo fijo o de un crédito hipotecario; pero un obrero no puede deducir el alquiler, que tira mes a mes a la basura.

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• La forma en que el Gobierno ha introducido cláusulas en convenios para solventar las Obras Sociales con nuevos aportes nos lleva a hacer una aclaración. Este mecanismo parece apuntar a que el Gobierno continúe reteniendo sin dar explicaciones el 15% de los aportes de los trabajadores a la Obras Sociales. Éstas brindan el servicio de salud a entre 15 y 20 millones de argentinos y tienen un déficit estructural que aumenta año a año, mientras el gobierno retiene sus fondos. El Estado parecería garantizarse con este mecanismo la disponibilidad de esos fondos que deberían ir a la salud de los trabajadores. El caso más grosero de esto se dio con el acuerdo homologado por Tomada y Cavalieri, en donde se le quitarán 50 pesos mensuales a cada uno de los 800 mil afiliados de Comercio. Esa plata la sacan del bolsillo de los trabajadores.

• Por último el anuncio del aumento de los topes y los montos de Asignaciones Familiares volvió a ser muy pobre. Creemos oportuno referirnos a su significado que suele confundirse con la AUH. La primera es una conquista del Movimiento Obrero Argentino durante el primer peronismo. La inspiración en la Doctrina Social de la Iglesia de la Revolución Justicialista la concebía como una parte del Salario diferido que promovía la conformación de la familia. En el año ’57 fue incorporada al artículo 14 bis y se estableció que el Salario Mínimo Vital y Móvil se componía para una familia tipo con dos hijos, por los cuales correspondía un 20% del mismo a dos Asignaciones Familiares por hijo. O sea: por cada hijo correspondía un 10% del SMVM pagado por el empleador. Cuando en los 90 se privatizó la Administración de los Fondos de Pensión se le quitó esa responsabilidad a los empresarios y el Salario Familiar comenzó a ser pagado por el ANSES, es decir por los propios trabajadores. A través de la inflación y una política de topes se ha llevado este derecho prácticamente a su extinción. La Asignación Familiar hoy es insignificante, en caso de que se la cobre. El año pasado Cristina Fernández de Kirchner en el anuncio de su aumento fue muy clara a la hora de explicar esta política: después de decir que la Argentina había alcanzado el fifty fifty, aclaro que el problema de la distribución debía resolverse hacia adentro de la masa salarial. Significa entonces que los sectores con mayor concentración de capital no debían aportar para la AUH, sino que debían ser los trabajadores mejor remunerados quienes la financien. Después explicó que la partida presupuestaria para asignaciones aumentaba un 20 y la AUH un 26%, que por lo tanto se financiaría con la reducción de Asignaciones Familiares. Es fundamental insistir en que el Salario Familiar es parte del SALARIO. Lo que se hizo de los 90 para acá es ocultar ese carácter, para beneficiar a la parte empresaria y que parezca un subsidio de parte del Estado.

Conflicto docente

En cuanto al conflicto docente, quedó muy en evidencia la intervención del gobierno nacional en las paritarias. Ya el año pasado el salario docente había perdido poder adquisitivo y la paritaria nacional mostró sus limitaciones. Pero este año los días perdidos por los alumnos de la provincia de Buenos Aires dejaron al desnudo la interna política del oficialismo, cuyos costos pagan los trabajadores y los bonaerenses. El déficit estructural de la provincia de Buenos Aires que aporta el 40% de la recaudación nacional y se lleva sólo el 20 por coparticipación , deja a la gobernación sin posibilidades de negociar por encima de la pauta que fija la Paritaria Nacional Docente, porque es inevitable que si negocia por encima, esto tenga que ser pedido al Gobierno Nacional. Es imposible imaginarse entonces que si la Presidencia decretó unilateralmente un 22%, le gire a Scioli más de ese porcentaje para que él tenga una mejor foto que la del ajuste que impuso el ministro Alberto Sileoni.

Huelgas y estigmatizaciones

Debido al último paro nacional que realizó la CTA de Pablo Micheli, se hace necesario aclarar algunos puntos. En ese sentido es importante resaltar la alta adhesión que tuvo el paro convocado por la CGT del 20 de noviembre del año pasado, en donde hubo un alto acatamiento de la huelga. Desde todas las usinas oficiales y opositoras se hizo hincapié en que la adhesión se debía a la importancia de los piquetes de organizaciones que acompañaron la medida. Así buscaban menospreciar la voluntad de los trabajadores, que hace más de dos años vienen siendo ninguneados por el gobierno en su agenda de reclamos (MNI, Obras Sociales y Asignaciones Familiares). Queremos dejar en claro que esas valoraciones despectivas de la voluntad de los trabajadores de adherir a una huelga tienen el mismo razonamiento que durante años usaron gobiernos represores y antiobreros para justificar ajustes. En nada se diferencia de las valoraciones que Menem tuvo en el pasado, por más de que se crean y digan progresistas. El mecanismo es personalizar el reclamo en nombres y apellidos y apelar a que detrás de cada huelga hay intereses “políticos”, como si la política fuese patrimonio exclusivo de algunas clases privilegiadas. En el fondo evitan referirse a las causas y estigmatizan a las personas (en general más aún si son parte del sindicalismo peronista que arrastra 70 años de estigmatización), para esconder su falta de argumentos.

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Democratizar la Justicia: mucho ruido, pocas nueces

Compartimos que debe haber cambios que ayuden a agilizar la Justicia, para que esta sea accesible a mayores sectores de nuestra sociedad. Hoy funciona un sistema selectivo y elitista en el cual gran parte de la ciudadanía no confía. Pero desde nuestro punto de vista existe una notoria contradicción entre el discurso y lo presentado. El núcleo de la reforma no transitó ni por el ingreso a la Justicia, ni por la transparencia, ni por el dictado de medidas cautelares contra el Estado (sobre las cuales durante el debate en las cámaras se aceptaron modificaciones). El corazón de la reforma fue modificar la estructura del órgano encargado de seleccionar y promover la remoción de los miembros del poder judicial. La batería de proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, contenía seis. Damos nuestra visión sobre lo que creemos más importante.

El proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura es el más importante del paquete. La elección popular de los miembros se nos presenta como un medio para ese objetivo, como así también la modificación de la composición interna de esa institución. Bajo esta estrategia se corre el riesgo de que apelando al pueblo se busque reemplazar una corporación por otra, máxime cuando las decisiones del Consejo siempre serán tomadas por una mayoría afín al ejecutivo nacional y se excluirá a las minorías de toda influencia. Sin entrar en debate acerca de si corresponde la elección directa de los miembros, el vencedor de la elección presidencial se quedará con la mayoría del órgano, con quienes compartirá la boleta electoral. Quien obtenga la mayoría o la primera minoría de los comicios presidenciales (no en esta coyuntura, sino en todas), será del mismo signo partidario que 13 de los 19 miembros, es decir más de los 2/3 del Consejo.

El 16 de febrero de 1996, cuando se intentaba implementar el Consejo de la Magistratura luego de la reforma constitucional del ’94, el diario La Nación publicaba una nota bajo el título: “El poder no se comparte”. El periodista Adrián Ventura adelantaba que un reconocido jurista sostenía que “el Consejo como ámbito, debe estar subordinado a la expresión política mayoritaria”. En esa oración se encuentra el sentido que al menos debe ser puesto en duda. El jurista es el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la llamada Mayoría Automática Menemista, Rodolfo Barra. La administración de Menem recurría a ésta cuando una medida promovida por su gobierno se veía impedida por amparos. Por mencionar uno de los casos, recordemos que la privatización de Aerolíneas Argentinas logró superar ciertas “trabas” judiciales, recurriendo a los fallos de esa Mayoría Automática. Ese es el sentido al que adhiere Barra cuando concibe al Consejo como un ámbito que debe estar subordinado a la expresión política mayoritaria. La voluntad popular debe imprimir su hegemonía para “ordenar” el poder judicial, en sintonía con el gobierno surgido de las urnas. Parece ignorar que la independencia del Poder Judicial debe ser la garantía no sólo de los derechos de éstas, sino también de las minorías. Esta ley aprobada ha sido inspirada en la misma doctrina y es un retroceso si comprendemos el valor de la independencia de la Corte Suprema conquistada a partir del 2003, que es uno de los grandes logros que se ha llevado adelante en el actual proceso político.

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Se habla de democratizar la justicia pero se lleva a elecciones a un organismo del que los ciudadanos hoy desconocen a sus miembros y sus funciones. Basta con salir a la calle y preguntarle a cualquiera acerca de los nombres de los miembros del Consejo, para comprender que esto está muy lejos de ser una demanda de la población.

Sobre la limitación de las medidas cautelares contra el Estado queremos llamar la atención, que en función de pensar al Estado como víctima de determinadas corporaciones, olvidamos que el mismo puede ser victimario de sectores más vulnerables. Cuando intentamos condicionar privilegios de los grupos concentrados del poder, podemos caer en la trampa de reducir los derechos y garantías de los grupos más desprotegidos. Las medidas cautelares no son un recurso que sólo usan grandes empresas, sino que en muchas ocasiones son la herramienta con la que cuentan ciudadanos comunes para protegerse de medidas que embisten sus derechos.

El artículo 2 de la Ley llegó desde el Senado recogiendo las sugerencias realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de excluir de la restricción temporal de las medidas cautelares, merece otra observación: la fórmula del proyecto oficial exceptuaba de la nueva regulación a las cautelares “cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria”. El CELS pretendió modificar esto abarcando los casos donde “se encuentren comprometidos la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria, o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. La fórmula finalmente aprobada, si bien hace referencia a “la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos” excluye a “los trabajadores” como a “los usuarios de servicios públicos”. Esto que parece un detalle -visto la reticencia oficial y explícita a incorporar estas palabras- no puede dejar de advertimos acerca del por qué de la no inclusión de estas especificaciones. El término “sectores vulnerables” presenta una ambigüedad tan amplia que va en desmedro de los trabajadores, jubilados y usuarios en general y en particular de servicios públicos, (con el antecedente de la terrible Tragedia del Sarmiento por lo cual se comprende que los familiares de las víctimas se hayan manifestado en contra de esta reforma) que han sido excluidos de las recomendaciones del CELS. Cuando la Ley no es clara, es herramienta de aquellos que disponen de los recursos técnicos y económicos para usarla en su beneficio.

Con el artículo 17 sucede lo mismo. Este regula las medidas cautelares que puede presentar el Estado contra acciones que interrumpan los servicios públicos en defensa del supuesto interés público. Casi cualquier actividad podría ser encuadrada, limitando el derecho de huelga y no respetándose así lo dispuesto a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación a los servicios esenciales y su superposición con la libertad sindical. De vuelta con la excusa de combatir a las “grandes corporaciones” se invierte el sentido garantista inmanente a la Ley en donde se intenta equilibrar a dos actores en disparidad de condiciones a partir de promover la igualdad. Convierte a la medida cautelar en una herramienta que puede reducir un derecho de un grupo más débil, que en este caso podría ser desde un sindicato a una organización social, al igual que ha sucedido con la sanción de la Ley Antiterrorista. No podemos dejar de mencionar el antecedente que todos conocemos y que se sucedió a partir de un paro de una rama de actividad del Sindicato de Choferes de Camiones en el marco de una negociación paritaria. Sin entrar en las valoraciones acerca de la necesidad de la medida de fuerza, la respuesta de parte del Estado fue aplicar denuncias penales desde los más altos mandos del Ejecutivo, e incluso amenazó con utilizar la Ley de Abastecimiento (que está pensada para ser utilizada en lockouts patronales) contra una organización de trabajadores constituida legalmente. Con la actual redacción sobre las medidas cautelares, en el caso hipotético de un gobierno promueva la privatización de Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores decidan llevar adelante una medida de fuerza, esta podría ser impedida al interpretarse que no se trataría de “un conflicto laboral”, sino de “índole política”. No hace falta más que pensar esta herramienta en función de gobiernos y momentos de nuestra historia en donde el Estado Nacional hacía uso de su superioridad administrativa para cercenar derechos de los trabajadores. Por eso también la CGT de Caló se manifestó en contra y también advirtió sobre este punto, a pesar del voto de sus diputados.

Por último la creación de tres nuevas Cámaras de Casación crea una instancia más por encima de las Cámaras de Apelación ya existentes en los mencionados fueros. Ello podría demorar aún más los procesos judiciales porque se alargarían los tiempos procesales para arribar a una solución definitiva. Si la intención de la Ley presentada era agilizar la justicia, hubiese sido recomendable crear mayor cantidad de juzgados de primera instancia, porque esto descomprimiría la cantidad de causas existentes. Cuando las instancias resolutorias se alejan cada vez más del llano, entonces en verdad más que democratizar la Justicia, la estamos alejando de los sectores que poseen menos herramientas jurídicas. En lugar de favorecer una resolución expeditiva y clara se hace más engorroso todo, permitiéndole el ingreso sólo a los sectores concentrados que la usufructúan con artilugios legales, para poner el sistema judicial en su propio beneficio, otorgándole nuevas herramientas, en desmedro de los más desprotegidos. Como dijo el Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: solo “cuando la ley es clara es que las personas se sienten más seguras”.

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Blanqueando injusticias

El blanqueo de capitales aprobado recientemente por el Congreso de la Nación, pone en evidencia la falta de planificación económica. Hay dos puntos ineludibles que evidencian la falta de planificación:

– Como analizábamos más arriba el período económico abierto en el 2002 ha sido el de mayor crecimiento económico de la historia de nuestro país, pero también es donde más se ha extranjerizado y concentrado nuestra economía, que por intención u omisión, también forman parte de la política de Estado del gobierno. Dicen Azpiazu, Schorr y Manzanelli en su libro Concentración y Extranjerización que el peso de las 200 firmas líderes en el valor de producción nacional, trepó del 20 por ciento en la convertibilidad al 28 por ciento en la posconvertibilidad, mientras que en la industria, las 100 firmas líderes, aumentó del 33 al 41 por ciento.

En cuanto al nivel de extranjerización, en 1993 un cuarto de las 200 empresas más grandes eran extranjeras y explicaban el 23 por ciento de las ventas. Tras la posconvertibilidad, en 2009, 117 compañías transnacionales pasaron a ocupar el ranking de las 200 líderes, representando más de la mitad de la facturación.

– Por otro lado está claro que uno de los motivos de este proyecto es intentar revertir la falta de inversión. A pesar de los enormes subsidios y las fabulosas condiciones que tienen los grandes empresarios industriales, el sector financiero y sobre todo el agro, la invesión siempre fue poca y por eso la generación del empleo se estancó a partir del 2007. No podemos solamente echarle la culpa a una “burguesía nacional”, sino que debemos ver dónde fallan las políticas de Estado, que es quien tiene la responsabilidad de generar el marco económico para que la previsibilidad permita el desarrollo.

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Hay un dato que choca y destroza los relatos acerca del modelo de Estado, Producción y Trabajo.

“Desde 2007 hasta fines de 2011, el monto de la fuga ha sido impactante: 79.281 mil millones de dólares. Monto que casi duplicaba la cantidad de reservas que el Banco Central acumulaba en diciembre de 2011, y representaba el 18 por ciento del Producto Interno Bruto” decía Alfredo Zaiat hace unos meses en Página/12. En la misma nota se refería a que la fuga equivalía a un 80% del saldo positivo de la balanza comercial ¿qué quiere decir esto? Que ese 80%, fruto del esfuerzo de los Argentinos, se fugó al exterior, sin que el Estado haga nada. Ahí es donde se demuestran los límites a la hora de la generación de empleo. El mismo Zaiat en su libro Economía a Contramano explica claramente que la sangría de divisas al exterior “disminuye las posibilidades de inversión, afectando las perspectivas de desarrollo. Impacta en la recaudación al reducir la base imponible. Implica un menor flujo de depósitos en el circuito bancario y, en consecuencia, afecta la oferta de fondos prestables”.

Así, han referido los especialistas: “en todos estos ámbitos la contribución del capital extranjero fue negativa, redujo las oportunidades de inversión para el capital nacional y originó una sangría neta de divisas por el pago de intereses, utilidades, dividendos. También desmanteló los incipientes centros de producción tecnológica internos reemplazándolos por importaciones de las casas matrices. En definitiva, la extranjerización es en gran parte consecuencia de la apuesta a favor del capital extranjero de la dictadura y el menemismo que introdujo a la economía local en la cadena infinita del interés compuesto reproduciendo exponencialmente nuestra dependencia”.

Tenemos como ejemplo un país vecino como Brasil. Su burguesía se ha trasformado en multinacional al calor de políticas de Estado. Es inverosímil creer que los empresarios brasileros sean más solidarios o socialistas que los argentinos. La diferencia es que en Brasil el Estado condiciona las políticas de inversión de las empresas. No le regala sus ganancias, como en su momento acá se le regaló al banquero Eskenazi el 24% de las acciones de la empresa más grande de la Argentina mediante en un decreto permitiéndole pagar esa compra con la rentabilidad de YPF y a Repsol girar sus dividendos a España.

La economía puede estar subordinada a la política y eso en parte es un logro del proceso iniciado en 2003. Lo que no se puede es esconder la economía con la política. En esto es donde Néstor Kirchner era un buen administrador. Sabía que el exceso de voluntarismo en economía es nocivo, porque la única verdad es la realidad. El cepo no resuelve la falta de dólares y esta medida tampoco, porque esconden el problema de fondo, lo patea para adelante y por ende lo agrava.

concentracion riqueza

¿Quiénes van a ser los beneficiarios reales de esta medida? Son los que han sido protagonistas de esta espectacular fuga de divisas durante estos años. Son los que se llevaron del país 178 mil millones de dólares desde el año 1978 en adelante y sobre todo, los que fugaron los 80 mil millones entre el 2007 y el 2011. El sector financiero, el agroexportador y los grandes capitales. Solo un dato acerca de quienes concentran el mercado de divisas que se obtienen de la exportación: las 200 empresas más grandes explican el 73 por ciento de las exportaciones totales entre 2003-2009.

A esos que la fugaron “en pala” le estamos pidiendo que inviertan, con la certeza de que no le vamos a cobrar impuestos. Los dólares que fugaron de la soja, no van a volver para generar empleo y desarrollar la industria. Van a volver para concentrar aún más la tierra y el mercado inmobiliario. La desigualdad del mercado inmobiliario y la dificultad de acceder a la vivienda va a seguir empeorando por la alta concentración.

Hace muy poco tiempo la Presidenta retaba públicamente a los sindicalistas que mantenían en dólares los ahorros de los afiliados para comprar inmuebles. Ese doble discurso que promovía la pesificación como si fuese sólo un problema ideológico, choca de frente con este pragmatismo brutal, que sin siquiera dar el debate de cara a la sociedad con una Ley que premia a quienes no sabemos de dónde “la sacaron”.

Zaiat fue muy claro con respecto a esta contradicción: “La fuerte caída de las operaciones inmobiliarias de unidades usadas en el área metropolitana que motivó la creación del Certificado de Depósitos para la Inversión (Cedin) es un triunfo de la dolarización de esa actividad sobre el voluntarismo político de su pesificación. La carencia de instrumentos financieros específicos diseñados por el Gobierno luego de disponer un nuevo sistema de acceso a la moneda extranjera y el nulo interés de los protagonistas de ese mercado, en especial los operadores inmobiliarios, de transformar su funcionamiento, tuvieron como consecuencia la reafirmación de la dolarización”.

Los CEDIN apuntan a revitalizar las operaciones inmobiliarias y no la construcción. Los trabajadores de la construcción y de sus industrias asociadas tampoco se van a ver necesariamente favorecidos.

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Nada permite pensar que los dólares que efectivamente se destinen a la inversión en la construcción, beneficiarán de alguna forma a los millones de trabajadores que actualmente están excluidos del mercado inmobiliario. Por ejemplo entre 2003 y 2010, el 42% de la superficie permisada para construcciones nuevas en la Ciudad de Buenos Aires correspondió a viviendas de alto nivel o suntuosas. Esto significa que no se orientó a la necesidad de quienes no tienen vivienda, sino que apuntó a la demanda de un sector rentista que tiene dólares excedentes. La lógica que asumió el mercado inmobiliario en esta última década, es la de hacer de la vivienda un resguardo de valor y no un bien de uso. En los datos del último censo se identificó que un 24% de las viviendas de la ciudad están deshabitadas y no sólo eso sino que si comparamos la evolución del mercado, al contrario de lo que muchos creen, podremos ver que acceder a la primera vivienda es aún más difícil que hace más de 10 años. Entre 2001 y 2010 -y estos datos son del Censo- el porcentaje la población inquilina en la Capital Federal pasó del 22,2% al 29,9%, mientras que los propietarios de vivienda y terreno se redujeron del 67,6% al 56,4%. Esto en un marco de fuerte crecimiento de la construcción y de la concentración de la vivienda.

Si la entrada de mayores capitales especulativos no va acompañada de instrumentos para la regulación del mercado del suelo, no tiene sentido ilusionarse con que se revertirá esta tendencia. Todo lo contrario, el reafirmar la dolarización del mercado inmobiliario, sólo contribuye a mantener la brecha que existe entre los salarios en pesos y las viviendas en dólares, en un momento en el que las restricciones al acceso de divisas impulsaban una tímida pesificación del mercado de vivienda nueva.

Decía Néstor Kirchner, hace 10 años, en quizás el mejor de sus discursos, que fue fundacional, no sólo porque lo pronunció en su asunción, sino por las políticas que desarrollaría:

“El equilibrio de las cuentas públicas tanto de la Nación como de las Provincias es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado de deficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento el equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores. En la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos el resto del país se disciplinará. Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado. Y en eso actuaremos con energía. No es posible una economía sin esfuerzo, y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones impositivas le resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos”.

No sólo con esta ley de blanqueo de capitales se reafirmó lo opuesto. Parecería que las medidas económicas marchan en sentido contrario. La resolución parece ser la de siempre y los que van a pagar la falta de planificación son los sectores más vulnerables. El Estado vuelve a hacerse el zonzo con los que menos tienen.

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