5to Análisis de Coyuntura

3 enero, 2013 at 21:55

Este quinto análisis de coyuntura sale un poco atrasado, debido a la continuidad de hechos que nos han visto en el centro de la escena en los últimos tiempos. Insistimos con que esto es una herramienta de militancia para la reflexión y el debate, donde a partir de la información interpretamos la realidad desde nuestra mirada para contribuir en la formación de cada uno de los compañeros. ¡Difundilo!

En esta oportunidad los temas que elegimos tratar para profundizar el debate son los siguientes:

– La nueva ley de ART: un retroceso de dos décadas

– Movilizaciones y agendas: La protesta de la clase media y la Ley de Medios

– La Agenda Política del Movimiento Obrero

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5º Análisis de Coyuntura

3 de enero de 2013

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La nueva ley de ART: un retroceso de dos décadas

La nueva ley de ART (la que llamamos “Ley De Mendiguren”) está comprendida en su análisis dentro de varios ítems: la cobertura mediática; la ley como tal; la posición de la CTA Yasky y la confluencia PRO – FPV que examinaremos a continuación.

1. Antecedentes: de dónde venimos

A mediados de los años noventa, y como parte de la política de flexibilización llevada a cabo por el menemismo, el gobierno de Menem promulgó la ley 24.557. La misma generaba un sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo cuyo fin residía en desvincular a la patronal de toda responsabilidad legal respecto a las condiciones imperantes en el sitio de trabajo y sus efectos sobre la salud de los trabajadores.

La Ley generó un conjunto de empresas financieras intermediarias, las ART, que debían encargarse de cubrir los gastos por cualquier accidente o enfermedad ocasionada por razones laborales. En la práctica, el negocio de las ART las convirtió en uno de los grandes nichos de especulación de la década. Como reconoció el diario Tiempo Argentino, sólo en 2011 las ART ganaron $ 12.700 millones, totalizando $ 45.182 millones en los últimos diez años, lapso en que estos ingresos aumentaron casi un 1500 por ciento.

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Entre 1995, fecha de su creación, y 2004, los diferentes recursos interpuestos por los trabajadores en contra de la ley generaron fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueron mermando su vigencia. Entre los fallos más salientes, los casos “Llosco” y “Aquino” dejaron sin efecto la llamada “opción con renuncia” por la cual el trabajador quedaba imposibilitado de demandar contra el empleador. Desde entonces, quedó habilitada la llamada “doble vía”, por la cual un trabajador podía cobrar la suma liquidada por la ART sin perder la opción de iniciar o proseguir una demanda judicial por sumas mayores, cuando consideraba insuficiente la indemnización. Debemos agregar también que en esos fallos la Corte alegaba que no se podía discriminar a un trabajador, prohibiéndole la posibilidad de ir a un juzgado a solicitar lo que consideraba justo, porque esto era una garantía constitucional irrenunciable.

2. ¿Qué cambia con la nueva ley?

Ocho años después, enfrentamos una nueva Ley de Riesgos de Trabajo, que en lo esencial debe ser considerada como un parche del sistema vigente implantado en los 90 que intenta recomponerlo, con artilugios legales complejos que le den una vuelta de tuerca a los fallos de la Corte Suprema. La presidenta señaló de forma pública que con la nueva Ley “se termina con la industria del juicio”.

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En efecto, la nueva ley se propone bajar la “litiogisidad” generada por los fallos de la Corte, cerrando así la “doble vía”. Este punto se establece a partir del Art. 4:

“Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. […] En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.” (Las negritas son nuestras).

Por su parte, el artículo 17 inciso 2, señala:

“A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil.”

Como se ve, se trata de una ley que, por su filosofía y sus alcances, corresponde a otra época de nuestra historia.

¿Por qué?

A- Por la ausencia de mecanismos de prevención, que siguen bajo la órbita de las propias Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, dado que la Ley se concentra en resolver las disputas económicas luego de ocurrido el accidente y no apunta en lo más mínimo a la prevención.

B- Porque se reinstala el principio de opción excluyente, a pesar de los fallos de la CSJN: según la nueva normativa, si el trabajador decide rechazar la indemnización propuesta por la ART, debe iniciar el trámite en sede civil. De este modo, pierde el acceso a su juez natural, la justicia laboral. Esta última se define por un principio conocido como in dubio pro operario, que dice que frente a la duda, el fallo debe ser favorable al trabajador y no al empresario. Esto busca desalentar la “litigiosidad”, pero no por prevención de accidentes, sino porque le quitan herramientas a los trabajadores para ir al juicio.

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C- En verdad lo que busca la Ley es ahorrarle plata a los empresarios, tanto respecto de las indemnizaciones, como en lo que deberían invertir en la prevención de accidentes. Por eso fija precios en un marco de condiciones desfavorables para el trabajador, para que éste no pueda optar por lo que cree justo. Por eso la Ley manifiesta la forma en que la UIA pretende bajar la “litigiosidad” y no se refiere a la prevención de accidentes. Se hace al trabajador elegir entre dos opciones excluyentes: el cobro de la ART (en un lapso de 15 días) o ir a juicio por un período de tiempo indeterminado en un tribunal civil. No conforme con ello, la Ley contempla que en caso de que el trabajador vaya a juicio, la indemnización de la ART debe ser depositada en un fondo del Estado, para que si el empresario pierde el litigio, no sea el patrón el que pague la totalidad de la indemnización. Incluso se ocupa de cuidar el bolsillo del patrón a la hora de fijar las costas del juicio: la Ley preserva y estipula que la ART deberá pagar su parte en caso de que le litigio lo gane el trabajador. Nada de esa especificidad a la hora de cuidar los intereses de la parte empresaria, está puesta en función del cuidado de la Salud del trabajador. El problema de la litigiosidad no es el garantismo, sino la cantidad de accidentes que ocurren en los ámbitos laborales por la falta de regulaciones estatales. No es con el Estado protegiendo los intereses de los empresarios, que es la parte más poderosa en los conflictos entre el capital y el trabajo, que se va a bajar la litigiosidad; sino justamente con una mayor presencia del Estado del lado del más débil, en donde a partir de generar condiciones más justas se logrará bajar la cantidad de accidentes de trabajo.

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3. Alineamientos políticos en torno a la discusión de la nueva Ley

A- El gobierno llevó el proyecto al Congreso de la Nación de un modo que genera preocupación en los sindicatos. Los representantes de los trabajadores, como es sabido, fueron convocados a opinar sobre un Dictamen que llevaba firmado una semana, sólo para realizar una puesta en escena. No conforme con ello y por no tener garantizada la mayoría para votar ese engendro en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, apeló a un artilugio burocrático, conformando una reunión Conjunta con las de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, para que el proyecto pase a tratarse en el recinto sin problemas y sin debate.

B- La CTA-Yasky mostró fisuras internas: por un lado, sus referentes declinaron a través de un comunicado la invitación a discutir el proyecto en comisiones en el Congreso, “por considerar que el objeto de tal comparecencia ha devenido abstracto, en la medida que el proyecto de referencia posee un grado muy avanzado de tratamiento legislativo, contando con la aprobación del Senado”. El documento difundido por la CTA-Yasky tenía similares argumentos a los que este informe expone, en el pedido de “una visión integral, que priorice, antes que ningún otro aspecto, la prevención de los riesgos que puedan afectar la vida, la salud o la integridad psicofísica de los trabajadores, sin ninguna intermediación lucrativa en la cobertura y atención de las contingencias, y con remisión de las cuestiones litigiosas a su juez natural, es decir, al juzgado laboral”.

Pero por otro lado, Edgardo Depetri, diputado del FPV, firmó el despacho de mayoría, dio quórum y votó el proyecto. Y Yasky consideró la ley como un intento del gobierno de dividir el frente empresario: “Es una concesión que se da en el marco de una disputa entre un bloque poderoso del empresariado AEA (Rocca, Techint, Blaquier, Martínez de Hoz). El gobierno le dio un guiño al sector del empresariado menos poderoso y más cercano al gobierno”, afirmó, aunque caracterizó la medida como “un retroceso”. “Hay que derogar definitivamente la ley actualmente vigente y en ese sentido nosotros no bajamos los brazos”, agregó. La verdad es que la “opinión” vergonzosa de Yasky da cuenta del bajísimo nivel de representación de la CTA de los trabajadores del sector privado. Primero porque se refiere a un sector “menos poderoso”, sin siquiera mencionar que es ese sector el que explota, negrea, evade e incluso mata a un sector mucho más desprotegido, que son los trabajadores. Pero segundo y principal porque la CTA fue responsable directo de la sanción de la Ley: tres de sus diputados fueron los que aportaron el quórum necesario para permitir que se sesione: Depetri, Nebreda y Harispe tomaron la misma postura que en los 90 los diputados de extracción sindical tuvieron con Triacca y Erman González en el Ministerio de Trabajo. Es sintomático que haya sido la misma presidenta quien denunciaba hace menos de un año que esos mismos sindicalistas iban a pedirle que baje al recinto para que ella dé quórum para la sanción de la Ley de Flexibilización Laboral. Hubiese sido bueno que tomen como ejemplo el coraje de la presidenta en ese momento para negarse a dar quórum a este nuevo engendro de la UIA. En este caso el Ejecutivo no tuvo que ir a buscarlos al recinto, sino que bastó con que el proyecto sea enviado para que algunos compañeros se olviden que las conquistas de los trabajadores no se negocian. No es agradable mencionarlos, pero los trabajadores debemos tener memoria porque ninguna Ley es coyuntural cuando se desentiende de los derechos de los trabajadores y de la misma Constitución Nacional.

C- El periodista Horacio Verbitsky, en su columna del domingo consideró que la ley es un “engendro de la UIA”. De la misma manera se pronunciaron la periodista Ana Vainman y Mario Wainfeld. Fueron los únicos que se animaron a emitir opinión. El resto del periodismo se autocensuró, o sus opiniones vibraron en sintonía con las de la patronal. Los límites de “todas las voces” se evidencian cuando el oficialismo asume medidas que son beneficiosas para los grupos económicos concentrados, como lo es el mismo Grupo Clarín. Ni “LA CORPO”, ni la mayoría del “PERIODISMO MILITANTE” difundieron voces plurales que aborden la problemática de la ley en su conjunto. Lo que nos lleva al último punto.

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D- Oposición: La ley fue votada con el apoyo del PRO. El apoyo del PRO a esta Ley es ideológico y está íntimamente ligado a lo que veníamos diciendo. El rol de la autocensura en esto es más evidente. Nadie se atreve a extender el manto de la protección que los medios opositores hacen con el PRO, cuando éste llega al mismo gobierno en medidas como estas. Pero esto no es todo el panorama. Este pacto también tuvo continuidad en la legislatura: el kirchnerismo porteño acompañó al PRO. El intercambio de leyes que se pactaron incluye el cambio de zonificación de la Isla De Marchi, en donde el gobierno nacional dijo no saber a dónde irán a parar los trabajadores que cumplen tareas allí. El negocio inmobiliario es claro porque incluye tierras aledañas a las de Puerto Madero. Pero también firmaron la posibilidad de vender el Mercado del Plata, algo que el macrismo intenta desde su asunción y que siempre fue denunciado por el kirchnerismo, porque esto implicaría trasladar un supuesto Centro Cívico a las tierras donde se encuentran el Hospital Borda, el Moyano y el Tobar García. En estos días los dos han pactado destrabar la posibilidad de venta del Mercado del Plata que era el primer escollo que tenía el desalojo de los neuropsiquiátricos más importantes del país.

Queda muy claro que el objetivo es avasallar un derecho adquirido de los trabajadores, porque la forma en que esta Ley busca bajar la litigiosidad es haciendo más grande la limosna, llevando al trabajador a priorizar lo urgente a lo justo. No es con un sentido de justicia, sino aumentando las indemnizaciones y acelerando los tiempos en que esta se cobra para desalentarlos a ir a los tribunales en búsqueda de justicia. Por eso se quita del fuero laboral y se lleva al civil para que el trabajador no pueda optar. La pregunta es sencilla: ¿Si el monto de las indemnizaciones es tan elevado y tan justo como dicen los voceros de las cámaras empresarias, entonces por qué tienen miedo de que los trabajadores acudan a los tribunales laborales, en busca de mayores garantías?

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Movilizaciones y agendas

8N: La protesta de la clase media

Hay varios componentes que deben remarcarse en la explicación del éxito de convocatoria del 8N. Desde luego, juegan su papel móviles de tipo económico, en un año que asocia una fuerte desaceleración económica general -dentro de la cual es el sector industrial el que puede considerarse estancado-, con medidas de control de cambios y ataques a prerrogativas tradicionales de las clases medias que siempre han sido una parte importante del sustento político del kirchnerismo.

Asimismo, si bien es cierto que el gobierno no convoca, es poco lo que puede atribuirse a la oposición en el éxito de la movilización. Lisa y llanamente, hoy la oposición se encuentra en una crisis que refuerza la impresión de un peronismo capaz de cubrir todo el escenario político: fuera de él, nada es competitivo.

El rechazo generalizado de la modalidad política exitista y acrítica que el gobierno asumió desde la última campaña presidencial abre posibilidades para que el sindicalismo intervenga como actor político independiente. Esto se ha visto tanto en la buena acogida que tiene el compañero Hugo Moyano en sectores que antes difícilmente lo recibieran sin una alta dosis de hostilidad, por la misma incomprensión de la metodología sindical que suele hacer uso de las medidas de fuerza cuando no tiene respuestas a sus reclamos. Aunque, por otro lado, resulta imprescindible observar cuánto hay de coyuntural en estos nuevos apoyos, cuánto hay de cambio profundo en la opinión de las clases medias respecto al movimiento sindical y qué alianzas deberá llevar adelante el movimiento obrero para poder conformar una alternativa política que contenga al conjunto de la sociedad.

Es revelador que ante tantos signos negativos, el gobierno atine a una concesión, como es la quita del impuesto a las ganancias a los salarios menores a 25 mil pesos en la segunda cuota del aguinaldo. En el anuncio de la medida la presidenta dijo que esto beneficiaría a unos 2 millones de asalariados y tendría un costo fiscal de 20 mil millones de pesos, que serían incorporados en el mercado interno, a un promedio de 1000 pesos por persona beneficiaria de esta quita. Los números de proyección de los costos de subir el MNI son prácticamente indescifrables, pero las cifras que invocó la presidenta obligan a una pregunta: ¿Si lo que se inserta en el Mercado Interno es alrededor de 1000 pesos en concepto de tan solo el medio aguinaldo, indexado a principio de año el gobierno le ha quitado un promedio de 2000 pesos por mes, por 24 meses a unos dos millones de asalariados? Esa cifra incluso podría explicar una parte de la desaceleración de la economía . El contexto en donde se produce el retraso de la suba del MNI es el mismo en donde el crecimiento sigue encabezado, a pesar de las lágrimas de cocodrilo, por las empresas multinacionales (Coca-Cola, GM, Nike, Kraft, Pepsico, Unilever: http://www.lanacion.com.ar/1532789-viene-de-tapa-el-cepo-al-dolar-y-la-inflacion-desvelan-a-las-multinacionales-que-operan-en-la-argentina), el sector financiero (que sigue cobrando unas tasa de interés que llegan al 60%) y el agroexportador (que ha tenido precios históricos de commodities).

El sector asalariado no puede ser la variable de ajuste frente a un problema fiscal, porque sabemos cuál es el significado de eso. La salida de la fracción sindical más consecuente en la lucha por la puja distributiva, debido a la falta de respuestas, le ha quitado al kirchnerismo posibilidades de hegemonizar la calle, para inclinar la correlación de fuerzas. Escribió Mario Wainfeld en Página 12 el domingo 11 de noviembre: “La movida congrega a personas de clases altas (que el relato dominante ni menciona) y medias urbanas. En la coyuntura le ‘ganó la calle’ al oficialismo que, este año, se escindió del líder camionero Hugo Moyano, un importante aliado para disputar ese terreno.”

Por donde se lo mire, el gobierno ha perdido capacidad de respuesta. La ha perdido en el terreno escurridizo de las encuestas, la ha perdido en la lucha por el control de las calles, la ha perdido dentro de la propia coalición que conduce cuando debe ceder a la UIA o al PRO en sus alianzas coyunturales. Y apenas estamos en el primer año de mandato.

El discurso oficial acusa frente a cada reclamo: un golpe de estado latente. Llegó al paroxismo de azuzar un “intento de golpe de estado” frente a una protesta gremial que se desató por la retención de un 70% de los salarios de bolsillo de los gendarmes, para no asumir que era producto de una interna entre la ministra de Seguridad Nilda Garré y el secretario de Seguridad Sergio Berni, como se confirmó con la renuncia del hermano de la ministra. Este procedimiento que sirve a los fines de deslegitimar las medidas de protesta de las organizaciones intermedias, intenta ocultar la responsabilidad de la gestión y la falta de un plan estratégico. Por eso tiene especial interés en mostrar al sindicalismo como un actor antidemocrático que debe ser desafiado en cuanta oportunidad se presente: la debilidad del gobierno no debe confundirse, bajo ningún concepto, con una debilidad de la democracia. El Movimiento Obrero debe eludir esta trampa, o los trabajadores terminarán pagando el pato. Cada medida de protesta que no genera una crisis institucional debe ser ocasión para demostrar que los logros acumulados del 2003 a esta parte no peligran en la Argentina. La medidas de protesta fortalecen la democracia dijo Hugo Moyano en Plaza de Mayo cuando Camioneros paró la actividad.

En muchos de nosotros está fresco el recuerdo de las jornadas de 2008. En aquel momento, es cierto, el gobierno atravesó una situación económica parecida producto de la crisis mundial, y logró recomponerse, hasta obtener el 54,11% de los sufragios. Varios elementos lo explican y, al mismo tiempo, permiten suponer que éste no será el mismo caso. En primer lugar, existía una situación fiscal desahogada, que ante la crisis del año 2009 habilitó la opción de subsidiar, simultáneamente, el consumo de los sectores carenciados vía Asignación Universal por Hijo y de los sectores medios a través de créditos al consumo. Asimismo, la presencia de Néstor Kirchner, generaba opciones de diálogo dentro del campo popular. La opción de la entonces presidenta a un nuevo mandato (algo que hoy depende de una reforma constitucional avalada por la oposición parlamentaria) permitía sellar las diferencias bajo un mismo paraguas: el que proveía una candidatura presidencial ganadora. El aval de una coalición amplia y diversa, que contaba con la casi totalidad del justicialismo, los movimientos sociales, los sectores sindicales, permitía demostraciones de poder que hoy son imposibles o muy costosas.

Dicho de otra forma: hace cuatro años el gobierno funcionaba sobre la base de una economía interna sana, tenía menos desgaste acumulado, contaba con liderazgos incuestionables en las urnas y opciones de sucesión política. Todas esas cartas están marcadas: el gobierno enfrenta desafíos sin saber cómo y su única reacción por ahora parece ser repartir responsabilidades. Al contrario de la lógica que revertió la derrota en la provincia de Buenos Aires en el 2009, que fue la de ponerse como principal artífice de esos errores y cuya síntesis fue esa frase que decía “perdimos porque no profundizamos”.

El 7D: la Ley de Medios

Invocando su “espíritu” podemos decir que una ley anticapitalista derriba al engendro más capitalista del país. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), según el discurso gubernamental, abre un esquema mediático inédito, que reserva un 33% del espectro al sector privado sin fines de lucro. La Ley proyecta un ideal alternativo y plural de comunicación insostenible si sólo dependiera del mercado.

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Los medios existen y son poderosos, entre otras cosas, porque son medios para otros negocios. Clarín desde 2008 fue expuesto no sólo como un multimedio con una tendencia monopólica desproporcionada sino como un grupo de poder económico abanderado de la independencia del Estado en una actividad sensible a la influencia de la pauta oficial. Clarín es “independiente” en tanto no depende su rentabilidad o sobrevivencia de la publicidad gubernamental como todos los medios kirchneristas, y a la vez influye sobre diversos estamentos políticos, parlamentarios y judiciales en beneficio propio. O sea, Clarín es independiente en tanto resiste con su propio mercado su rentabilidad pero cualquier repaso de su historia obliga a mirar los nexos que lo unieron y unen al Estado argentino para asegurarse fortunas, para crecer, etc.

El 7D volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la nueva LSCA. Frente a esto queremos dejar bien clara nuestra posición.

1- Reducir la lucha por la implementación de la Ley a un enfrentamiento con el Grupo Clarín es quedarse sólo con una parte del problema. Si bien vemos en forma positiva la fragmentación del multimedio cuya posición dominante desvirtúa el mercado, creemos que la sanción de la norma implicó más que eso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el fallo que da lugar a la prolongación de la medida cautelar pedida por el Grupo da cuenta de su capacidad de resistir a la legalidad, y que en ese sentido resulta crucial para cualquier sector del campo popular que, como primer paso, el grupo se adecúe a la Ley: “Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”, no hay fisuras respecto a la voluntad popular de que la Ley se cumpla.

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2- Es necesario recuperar el verdadero sentido que tuvo su elaboración. Recordemos que fue hecha al calor de la lucha de organizaciones civiles, trabajadores de los medios, universidades y sindicatos. El texto fue trabajado a lo largo de todo el país. Antes que el gobierno nacional intervenga en su vida interna para dividirla, la CGT conducida por Hugo Moyano participó a través de muchas de sus organizaciones gremiales.

Una vez sancionada la Ley, también fuimos protagonistas de las movilizaciones que intentaron contrarrestar las presiones de los oligopolios de comunicación, para dilatar a través de artilugios jurídicos su implementación. Hace ya tres años que se votó con amplia mayoría parlamentaria y si bien es cierto que el 7D puso en evidencia las presiones de todos los holdings de comunicación (no solo es Clarín quién dilata la desinversión), tampoco se ha avanzado en el otorgamiento del resto de las licencias.

3- Los trabajadores a través de sus organizaciones deberían tener derecho a manejar medios de comunicación. Un grupo de sindicatos, entre los que se encuentra el Sindicato de Peajes (SUTPA), conformaron una cooperativa para poder presentarse a la licitación por una señal audiovisual para octubre del 2011. Ésta fue postergada en varias oportunidades hasta que en julio del 2012 se le dieron de baja a esos pliegos mediante la resolución 929 del AFSCA, en la que se comprometían a presentar otras bases en los “próximos 30 días” según el texto del directorio en su Artículo 3, que sigue sin cumplirse.

4- Dice en un reciente artículo Martín Becerra: “la ausencia de políticas económicas que permitan sostener la declarada diversidad de dueños de medios, la falta de planificación del reparto de un recurso público como el espectro a través de un plan técnico que brilla por su ausencia y la esencia anticompetitiva y anticoncurrencial de los principales actores (grupos privados y gobierno) son una combinación poco auspiciosa para el conjunto heterogéneo de actores de medios comunitarios y alternativos”.

En ese sentido, también queremos destacar que si bien el grupo Clarín es el principal lobista en contra de una Ley sancionada en el Congreso, no es el único que se beneficia de la dificultad para su implementación. El espíritu de ésta se encuentra erosionado por algo más que las dilaciones y maniobras de este grupo. Para el caso alcanza con ver los argumentos del canal TELEFE en torno a su relación con Telefónica de España quien dice que no tiene ninguna relación con su filial local, Telefónica de Argentina, desconociendo que la Ley no permite a una misma empresa tener un medio y un servicio público. Otro ejemplo es lo que se conoció como adelanto del plan de “adecuación familiar” presentado por el Grupo Vila-Manzano quienes pusieron -entre otras medidas- a nombre de una hija una empresa, lo que no pareciera reflejar la vocación por una desinversión seria. También es destacable la compra del paquete de medios del grupo Hadad por parte del empresario Cristóbal López, que fue aprobada por el AFSCA a pesar de exceder los límites de cantidad de licencias que se pueden tener según el artículo 45 de la Ley (compró con la autorización oficial 4FM y una AM, a pesar de que solo se permiten tener dos).

Estos son algunos ejemplos respecto de la dificultad de reducir la aplicación de la Ley a un conflicto exclusivo con el Grupo Clarín. Creer que la sola desinversión del grupo es garantía de la diversidad y la multiplicidad de voces, no sólo es un error de concepción, sino que esconde la ilegalidad de muchas otras situaciones por resolverse.

El 7D fue presentado por el gobierno como el final de la hegemonía de Clarín. Los medios oficiales centran toda la problemática de la ley en Clarín y sus 285 canales de aire, de cable y radios, que es sin dudas el problema más relevante en la actual coyuntura, pero de ninguna manera es el único. No queremos que le suceda a la Ley de Medios lo mismo que sucede hace décadas con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas: que a pesar de ser un derecho explícito en nuestra Constitución sea letra muerta en la práctica concreta.

Hemos sido partícipes de la elaboración de la Ley, de su sanción y también protagonistas de la soberbia con que se maneja el grupo Clarín, que tiene una política antisindical explícita y ningún respeto por las leyes. Por eso queremos dejar bien en claro que la Juventud Sindical espera el inicio de un recorrido que nos lleve a la correcta aplicación de la Ley.

Más allá del diagnóstico de lo que hace a la Ley en sí misma, también debe destacarse la movilización del 9D, la que debe leerse -a pesar de su clave de “festiva”- como apoyo al Gobierno Nacional en su pelea con Clarín. Si bien su forma se pareció más a la del Bicentenario, el contexto hizo que su discurso mudara de la fiesta de la democracia a un capítulo más de esta “batalla cultural”. Pero dejemos en claro que la convocatoria fue importante en número y quizás hasta haya influido en el dictamen que pronunció la constitucionalidad de la Ley de Medios. La pelea Gobierno vs Clarín es una mano de truco en la que cada jugada se dirime con sus cambios de clima. Nuevamente el kirchnerismo apuesta (aunque con más desgaste y menos velocidad) a su combinación de la movilización desde el Estado y la potencialidad de ésta a través de sus medios.

La exteriorización de la política en las calles puede resultar un arma de doble filo: si bien por un lado profundiza la participación (reforzando la representatividad de los dirigentes), esto es solo en la medida en que sus consignas son claras y sus reclamos reciben algún tipo de respuesta. Ejemplos de esto pueden ser tanto los reclamos de Blumberg en 2004, o incluso en el caso de la 125 en 2008. Las movilizaciones tenían costos, desgastes, a la vez que horizontes concretos en la obtención de determinadas medidas. Hoy sucede que en algunas de estas manifestaciones no es tan claro cuáles son los objetivos materiales que se buscan. Mucha gente “se pierde” en el universo de mil matices y chicanas de esta batalla.

La Agenda Política del Movimiento Obrero: 20N

La impresionante adhesión al paro no sólo marca la realidad de la agenda que estableció Hugo Moyano en diciembre del 2011 en el estadio de Huracán, que se ha visto agravada por la falta de respuesta del gobierno nacional, sino que también pone en evidencia, quizás como ninguna otra situación, la incapacidad del gobierno para abordar los problemas estructurales.

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Sin meternos aún en la agenda gremial, tenemos que recordar cuando en el Congreso Ordinario de la CGT realizado en el estadio de Ferro, Hugo Moyano se refirió a la inseguridad como un problema real. La respuesta de los medios denominados oficialistas fue defenestrarlo por tomar un tema de la agenda de la “derecha”. A nadie se le ocurrió plantear que esa problemática tocaba en particular al sector de la recolección de residuos y que estas quejas llegan al líder de la CGT por las mismas víctimas. No. La respuesta del kirchnerismo fue automática: Moyano se pasó a la derecha.

Cacerolazos y exabruptos de algunos funcionarios mediante, el 9D la presidenta en cadena nacional cargó muy fuerte contra las leyes garantistas que premian con salidas de las cárceles la buena conducta. El silencio de quienes habían criticado la alocución de Hugo Moyano en Ferro no hace otra cosa que resaltar el grado de improvisación y la falta de coherencia del discurso oficial. La falta de respuesta se hace evidente en los manotazos de ahogados. Lo que ayer se defenestraba pasa a ser parte de la agenda oficial por imposición, sin margen para la planificación.

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La suba del MNI que se posterga hace que lo que fue en un principio un reclamo gremial por una política de gobierno que se abandonaba, se transforme en un problema político difícil de explicar. Sobre todo para quienes lograron sortear problemas de mayor gravedad, con imaginación y capacidad. Entonces escuchamos argumentos antisindicales del viceministro de Economía, Axel Kiciloff, que alcanza un nivel de torpeza mayúsculo cuando dice que los trabajadores no reciben retribución de sus aportes sindicales y sí la reciben en forma indirecta de lo que se le retiene de ganancias. Recordemos que fue la última dictadura cívico-militar la que con ese argumento dictó una desafiliación masiva, llamó a reafiliarse y obtuvo como respuesta un mayor nivel de afiliación al anterior al dictado de esa norma.

Por eso el discurso oficialista frente al paro se dedicó a demonizar los piquetes, como si estos fueran la explicación de la enorme adhesión de la medida. Primero hay que decir que los piquetes son parte de cualquier medida de protesta que se lleve delante desde los 90 en adelante. La reacción del gobierno frente al paro fue mucho más agresiva que incluso con el 8N, quizás porque en éste quedaron más en evidencia las contradicciones entre el “relato” oficial y la realidad. La presidenta llegó a referirse en cadena nacional al recuerdo de Kosteki y Santillán y a sugerir qué hacían el resto de los argentinos en ese momento. Hugo Moyano, a diferencia de Aníbal Fernández que demonizaba a Maxi y a Darío para encubrir a su asesino Franchiotti amparado en la estrategia del duhaldismo, estaba en la calle con la CGT disidente manteniendo un plan de lucha, pidiendo un mecanismo para recomponer salarios. Un mes antes del asesinato había sido el paro y movilización de la CGT de Moyano en contra de Duhalde y el FMI. Por eso llama la atención ver cómo muchos “compañeros” entran a demonizar los piquetes como forma de protesta. Si bien desde la CGT no se promovió ningún tipo de corte, no vamos a ser nosotros los que critiquemos ahora esa metodología porque no lo hemos hecho en el pasado y no lo haremos en el futuro por la sencilla de razón de que entendemos que esto es un efecto, y no la causa de un problema social.

Pero el gobierno no puede aceptar la contundencia de la marcha, porque implicaría reconocer su autismo para tratar los reclamos que fueron enumerados hace ya mucho tiempo por esta CGT. De la misma forma significaría reconocer que la CGT Balcarce que armó a espaldas de los trabajadores, aún cuando siquiera la haya escuchado, le ha salido cara porque ni siquiera han podido garantizar el desenvolvimiento normal de sus propias actividades.

Repasemos las razones:

El mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias subió un 44% en los últimos cinco años, sin siquiera alcanzar el índice de aumento de los precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que nadie se anima a defender. Esto carcome las paritarias y refleja la manera en que el Estado incorpora cada vez a más trabajadores a este impuesto que ya supera los 2 millones de asalariados.

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Las obras sociales que administran la salud de los sectores asalariados formales acumulan un déficit estructural que aumenta año a año. Esto se debe a que el gobierno nacional no cumple con los retornos de los fondos que provienen de los trabajadores (un 15% de los aportes que al trabajador se le descuentan para su Obra Social), llegando al ridículo de recortar los destinados a la educación de los chicos con capacidades diferentes, sin el menor conocimiento del tema.

Esta política de topes sumada a paritarias insuficientes (los docentes obtuvieron un 20%, condicionado por decreto) se dio en un contexto donde el Poder Ejecutivo junto a la dirigencia gremial cómplice de los años 90 se encargó de atacar y dividir al Movimiento Obrero. Frente a la crisis se ha elegido a los asalariados formales para encabezar el ajuste con la pérdida que esto acarrea al mercado interno. A eso se le suma el reclamo por las jubilaciones, a quienes desde el oficialismo se agrede por iniciar demandas al Estado en búsqueda de justicia. Resulta sintomático cómo algunos estigmatizan el reclamo cuando viene de alguien afín a su política y lo demonizan cuando no lo son. Recordemos que la madre de la presidenta inició una demanda por reajuste jubilatorio y fue justicia que lo haya podido cobrar.

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Es en ese contexto en donde la renta financiera volvió a tener records de rentabilidades, siendo el sector más “pujante” de nuestra economía. Decía en noviembre el diario La Nación que no puede ser acusado de anti capitalista: “A contramano del discurso oficial, que constantemente carga contra el sistema financiero, los principales bancos volvieron a figurar a la cabeza de las compañías que más están ganando en la economía K. Sólo tomando los resultados de los principales bancos que cotizan en la Bolsa -Santander Río, Galicia, Macro e Hipotecario- sus ganancias en el trimestre superaron los $1300 millones, un alza de 50,1% frente al mismo período de 2011.

A la espera de la presentación de los resultados del BBVA Banco Francés, hasta ahora el Santander Río lidera el ranking de utilidades del trimestre, con una ganancia neta de $ 510,7 millones, lo que significa un salto en sus beneficios del 71%. El Macro también tuvo un buen trimestre con un beneficio neto de $ 411 millones, con un alza interanual del 31%. Apenas un escalón por debajo estuvo el Galicia, que entre julio y septiembre ganó $ 340,4 millones, con una suba del 28,3 por ciento.” La nota continuaba explicando que los sectores que han arrastrado mayores pérdidas han sido las empresas de servicios públicos que acostumbradas a vivir de subsidios estatales, hoy se encuentran en franco declive por el fin de los superávits gemelos con los que el Ejecutivo tuvo que lidiar este año. Es esa misma situación la que llevó al gobierno por decisión o por omisión, a aumentar la presión tributaria sobre los asalariados y que estos pierdan poder adquisitivo, como nunca antes desde el 2003 a la fecha. Crisis que no impidió que la rentabilidad de los bancos siga su curva ascendente.

Esas incoherencias del relato no hacen más que resaltar la justicia de los reclamos enumerados por Hugo Moyano en diciembre del 2011. Repasar ese video está prohibido para los fanáticos del relato kirchnerista, porque en él verían que esa agenda aún no tuvo respuesta y la tozudez del gobierno negándose a reconocer los derechos legítimos de los trabajadores. Es esa decisión política de no escuchar esos reclamos y negarle al Movimiento Obrero que conduce Moyano la participación necesaria en el sistema de decisiones nacionales, para en su lugar encolumnar una CGT adicta y conducida por Cavallieri, que le permita tomar medidas en desmedro de los trabajadores formales y el movimiento sindical en general. Esas son las medidas que se toman cuando se carece de iniciativa y se responde siempre al problema diario. Por eso tiene que prescindir de aquellos que puedan tener agenda propia y solo puede quedarse con los obsecuentes. En la medida en que no hay capacidad interna de resolución de iniciativas, todo lo que promueva un cambio se vuelve sintomático. Aún cuando este cambio sea fruto de una resistencia a la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados.

El límite de todo esto se alcanzó cuando el gobierno intentó endilgarle a Hugo Moyano la responsabilidad por los saqueos sucedidos en todo el país. De la misma forma que en los 90 la estigmatización y el poder del Estado se pusieron en función de denostar adversarios políticos. Con dos párrafos sin firmas subidos al portal oficialista InfoNews, el gobierno tomo un trascendido para instalar que la CGT era responsable de los saqueos, que habían comenzado el día anterior en Bariloche, en donde fueron fogoneados por el intendente kirchnerista. Unos días antes, en un contexto en donde el gobernador redujo los planes sociales, el mismo gobernador amenazó a los supermercadistas diciendo que la mercadería que habían entregado había sido insuficiente y que podría haber saqueos. Claro que semejante irresponsabilidad no originó que el gobierno salga a responsabilizarlo de los desmanes. No es necesario decir que todos los años en los barrios más humildes muchos se organizan para pedir mercadería y pasar las fiestas con una merecida canasta navideña. El antecedente de Bariloche marcó los hechos que se sucedieron después. Increíble la irresponsabilidad del gobierno al atribuírselo a Moyano porque InfoNews, el portal de la revista amarillista El Sensacional, decía que había un detenido en Campana que pertenecía al Sindicato de Camioneros (después sería Página 12 quien aclaraba que no sólo no era adjunto de la seccional sino que sólo estaba afiliado a la obra social). Sería interesante pensar si entre aquellos que formaron parte de los saqueos no habría beneficiarios de planes sociales o incluso de organizaciones afines al gobierno, para comprender el absurdo de la persecución política que encabezó Juan Manuel Abal Medina. Como militantes de la Juventud Sindical tenemos el recuerdo de la marcha del 24 de marzo en donde un joven sacó un arma de fuego. ¿Esa situación habilita a decir que su organización intentó generar violencia ese día? La problemática social, sobre todo en aquellos sectores en donde el Estado no se encuentra presente, no es lineal. Extraña de sobremanera que un reconocido politólogo como Abal Medina, desconozca este tipo de cosas e intente utilizar un hecho de estas características para su usufructo polítiquero. Pero también ofende que desconozca su responsabilidad como funcionario público y maneje el servilismo de algunos empresarios con semejante demagogia. Como trabajadores encuadrados en sindicatos referenciados en Hugo Moyano hemos sido víctimas en muchas oportunidades del maniqueísmo con que algunos funcionarios manejan ciertos medios de comunicación. Entendemos que la autocensura es su principal herramienta, pero no podemos dejar de denunciar esas “lecturas” disfrazadas de “verdades”, que a través de la repetición refuerzan prejuicios de toda la sociedad sobre el sindicalismo. El mismo efecto que en el pasado tuvo el Exhorto de Suiza, tapa en los días en que tenía muy pocas certezas y ninguna a la hora de desmentir la falta de fundamentos de los mismos. Solo que ahora parecen trabajar con la misma irresponsabilidad hombres que definen políticas de Estado. La gravedad del hecho es la misma que hace un tiempo envolvió a la detención del compañero de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, cuyos abogados no podían acceder a un expediente judicial a pesar de que el ministro Aníbal Fernández hablaba del mismo en forma pública. El detenido, un dirigente gremial, no tenía acceso a una causa de la que si hablaba el Poder Ejecutivo.

El daño que se le hace a la imagen de nuestros dirigentes no puede ser reparado cuando su fundamento son prejuicios infundados. La falta de racionalidad en los ataques nos lleva a un lugar en donde es imposible generar un intercambio que permita salir de los conflictos con Política. La agenda del Movimiento Obrero fue expuesta hace ya tiempo y continúa sin tener respuestas. No queremos creer que en fondo lo que haya generado este conflicto sea la vocación política de nuestros dirigentes. Vivimos en Democracia y vamos a defender sin miedo nuestra igualdad para participar como trabajadores organizados en el sistema de decisiones nacionales.

En este sentido desde la JS reafirmamos la vocación política del sindicalismo, porque como dijo Perón, renunciar a la Política es renunciar a la Lucha. Queremos para terminar, destacar el contexto de esta máxima que les legará Perón a los trabajadores en un momento en donde algunos quieren menospreciar la posibilidad que tenemos las organizaciones sindicales de ser artífices de nuestro propio destino:

“Han sido sometidas a todas las pruebas. En primer término, se las quiso manejar por el terror, pero no lo consiguieron. Después interviniéndolas y tratando de destruirlas, pero tampoco lo lograron. Luego procuraron asimilarlas a formas que no eran las que convenían a las organizaciones sindicales, y tampoco pudieron alcanzar ese objetivo. Finalmente trataron de dividirlas y anarquizarlas, pero tampoco pudieron obtener ningún resultado. (…) La defensa de los intereses profesionales se confunde con la defensa de los intereses del pueblo, y cuando una organización está al servicio del pueblo es invencible, porque los pueblos son invencibles. Es inseparable lo gremial de lo político. No se pueden dividir. Claro, los que han intentado dividir la acción social de la acción política han querido hacerlo precisamente para debilitar el factor de poder que representan las organizaciones sindicales. Renunciar a la política es renunciar a la lucha, y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha, precisamente. ¿Cómo no va a tener una política la Confederación General del Trabajo, en representación de todos sus adherentes si precisamente esa política es la que va a decidir su destino? ¿Y por qué razón van a renunciar las organizaciones a tener sus representantes en los tres poderes del Estado que son realmente los que gobiernan, dirigen y conducen a la Nación?”.

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